Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo, podría, al final de cuentas, representar una oportunidad positiva para fortalecer el derecho humano al saber. Aunque polémica por varios puntos, también ofrece elementos rescatables que vale la pena analizar con detenimiento.
Para empezar, uno de sus mayores aciertos es mantener operativa la Plataforma Nacional de Transparencia, así como la base normativa de las obligaciones de transparencia ya establecidas en la pasada ley del 2015. Los sujetos obligados —es decir, cualquier ente que reciba recursos públicos— deberán seguir actualizando, al menos cada tres meses, 46 fracciones informativas que abarcan desde nómina, contratos y presupuestos, hasta indicadores de gestión y resultados.
Incluso, se amplió el catálogo de obligaciones específicas para algunas dependencias, lo cual permite mayor claridad en sectores que históricamente han operado con opacidad. También es destacable que la ley incorpora tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información ambiental, clave ante la crisis climática que enfrentamos.
Otro aspecto positivo: se mantienen las medidas de apremio y las sanciones pecuniarias. Es decir, si un funcionario impide el acceso a la información —ya sea el titular del área, su superior jerárquico o el responsable directo del trámite— podrá ser sancionado económicamente. Y no con recursos públicos, sino con su propio bolsillo. Este punto es fundamental para combatir la negligencia o el dolo en el manejo de información pública.
Donde surgen dudas razonables es en la creación de la Figura de la autoridad garante, que ahora será un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, llamado Transparencia para el pueblo. A nivel estatal, las contralorías fungirán como autoridad garante local.
Esto implica que el Poder Ejecutivo estatal será quien vigile que los ayuntamientos, sindicatos, universidades, partidos políticos y demás entes públicos cumplan con sus obligaciones en materia de transparencia. Aquí hay una alerta: ¿cómo se garantizará imparcialidad cuando quien fiscaliza también es sujeto obligado?
Dicho eso, no todo está perdido. Si las contralorías actúan con rigor técnico y sin sesgos partidistas, podrían hacer que los municipios más opacos —de los cuales pronto hablaremos en este espacio— sientan mayor presión para no violar este derecho humano.
Por eso, hay que dar el beneficio de la duda. Esta ley no tiene por qué ser un retroceso automático. Su aplicación será clave. Y ahí entra el Congreso del Estado: en la armonización de la ley local, debe asegurarse que el personal del INFOCOL, con décadas de experiencia técnica, se incorpore a las nuevas tareas. Sería un error imperdonable desperdiciar ese conocimiento acumulado en aras de una reingeniería política.
Dos puntos
Mientras no se concrete la armonización local con la nueva ley federal, el INFOCOL seguirá operando como autoridad garante. El Congreso tiene hasta el 19 de junio para aprobar esta legislación. Pero un tema fundamental, aún sin resolver, es este: ¿ante qué instancias podrá un ciudadano promover recursos de revisión cuando la autoridad garante local viole su derecho de acceso a la información? Ese vacío, si no se atiende, puede abrir la puerta a una nueva forma de opacidad.
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