Por: Ángel Durán Pérez.
En América Latina, nuestro sistema constitucional está experimentando un momento de turbulencia. Los pilares que sustentan nuestra estructura gubernamental parecen tambalearse, a medida que ciertos elementos rebasan los límites que nuestras propias constituciones les han impuesto.
Nuestras constituciones establecen roles y poderes específicos para los distintos órganos gubernamentales. Estos poderes, cuando trabajan en conjunto, garantizan un equilibrio necesario para que nuestro sistema funcione. Sin embargo, con el paso del tiempo, hemos observado cómo la discordia entre los derechos consagrados en la Constitución y las aspiraciones de la sociedad se profundiza, creando un desgaste que socava el propósito original de nuestros marcos constitucionales.
Dentro de estas constituciones yacen los derechos humanos que todos anhelamos ver respetados por el Estado y sus autoridades. A pesar de su importancia, el poder legislativo, un pilar fundamental en nuestro sistema, a menudo no cumple su papel de crear leyes que estén en consonancia con la Constitución y, lo que es igualmente importante, no debe exceder los límites que la propia Constitución establece.
Aunque en teoría existen estas restricciones constitucionales, la realidad es que, cuando una mayoría legislativa toma las riendas, a veces se percibe como una luz verde para ignorar estas limitaciones. Esto da lugar a situaciones en las que se incumple con lo que la Constitución demanda.
Históricamente, hemos sido testigos de casos en los que el poder legislativo incumple con su deber de designar a los miembros de órganos públicos autónomos en los plazos requeridos. Además, reformas legislativas que podrían beneficiar a la población a menudo quedan en el olvido debido a la falta de la mayoría necesaria.
Pero el problema no radica solo en la falta de consenso. Las mayorías legislativas, en su búsqueda de poder, a veces omiten designaciones o integraciones de instituciones públicas, o incluso ejecutan estas decisiones de manera inapropiada. Esto erosiona el corazón del constitucionalismo y crea una discordancia preocupante entre lo que se espera y lo que realmente sucede.
Este dilema constitucional en América Latina es producto de una brecha que se ha ensanchado entre los deseos de la sociedad y el cumplimiento de los objetivos fundamentales delineados en nuestras constituciones. El problema se agrava cuando las mayorías legislativas actúan en contra de los principios constitucionales, alejándose de la verdadera voluntad del pueblo.
El desafío que enfrentamos es claro: las mayorías legislativas no deben cruzar los límites impuestos por la Constitución. Para superar esta crisis, necesitamos regresar a los cimientos del constitucionalismo, reconociendo que cada constitución debe ser un faro de derechos humanos. Ni siquiera las mayorías legislativas pueden obviar este compromiso.
Es esencial abordar este fenómeno de manera urgente y entender que los tres poderes del Estado no pueden renunciar a su función coordinada bajo ninguna circunstancia. Cualquier transgresión amenaza el edificio mismo de la democracia. Debemos reflexionar profundamente sobre esta situación y trabajar incansablemente para restaurar la integridad de nuestro sistema constitucional en América Latina.
En última instancia, debemos recordar que una mayoría legislativa no puede ignorar la Constitución sin consecuencias. Hacerlo debilitaría nuestra estructura democrática y minaría la confianza de la sociedad en sus propias instituciones. Si deseamos un futuro donde los derechos y las aspiraciones de la sociedad sean respetados, debemos unirnos para asegurar que nuestras constituciones se cumplan, incluso cuando las mayorías legislativas estén en juego.
El siglo XXI debe caracterizarse por que los poderes públicos sean los que estén atentos a que se cumpla fielmente con lo que dice la Constitución y que por el bien de la democracia y de lo que ella espera la sociedad, no se rebasan esos límites y menos por las mayorías en los órganos legislativos.
En los últimos años se ha visto en los diferentes congresos de América latina, que se aprovechan de esas mayorías para impulsar iniciativas perjudiciales o han frenado la integración de órganos públicos por la falta de consenso. Eso no debe seguir pasando.
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