Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Una red social es un espacio libre para intercambiar ideas y debatir, pero también es un negocio. Y cuando ese espacio se usa para posicionar ciertos contenidos o para influir, mediante algoritmos, en las tendencias, muchas veces sin que el usuario lo advierta, es razonable exigirle a la plataforma que rinda cuentas.
Estoy a favor de que no exista sobrerregulación de contenidos, sobre todo de sátira política e información noticiosa, indispensables para el debate público. El problema es la desinformación. Para empezar, nada que sea falso puede ser noticia. Más allá del neologismo, la cuestión es qué hacen Meta (Facebook e Instagram), TikTok y otras plataformas para frenar la propagación de contenidos falsos creados para desinformar. Si se quedan al margen, la red deja de ser un espacio de debate y se vuelve caja de resonancia de propaganda.
Las respuestas son dispares. En la Unión Europea, la Ley de Servicios Digitales obliga desde 2023 a las grandes plataformas a ofrecer mecanismos para denunciar contenido ilegal y a transparentar su funcionamiento; en octubre de 2025, la Comisión Europea acusó a Meta y a TikTok de incumplirlas y planteó multas de hasta 6% de sus ingresos anuales. En Estados Unidos, en cambio, Meta abandonó en enero de 2025 la verificación por terceros y la sustituyó con «notas de la comunidad».
La experiencia europea ayuda a resolver una aparente contradicción: pedir menos regulación de contenidos y más responsabilidad de las plataformas. No se trata de que el Estado decida qué es verdad, sino de exigir procesos: cómo se denuncia un contenido, cómo se apela una decisión, cómo se identifica la publicidad pagada y qué información de sus algoritmos se abre a investigadores. Regular procesos, y no contenidos, reduce el riesgo de censura.
Importa porque, si priman los criterios de mercado, la información útil para decidir en la esfera pública —transparencia, rendición de cuentas— compite en desventaja con los bailes de moda o los perritos generados por IA. Ese contenido no debe prohibirse, pero es irrelevante frente al que garantiza el derecho a saber y fortalece la lucha contra la corrupción. Y los algoritmos tienden a premiar lo que retiene la atención, no lo que informa.
En México el tema ya está en la agenda. En julio, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados incluyó la regulación de redes sociales y de la inteligencia artificial entre sus temas del próximo periodo, con énfasis en la salud mental de niñas, niños y adolescentes; no se han definido sanciones ni plazos. Por eso conviene fijar desde ahora qué debería incluir cualquier ley y qué no: transparencia de algoritmos y de pauta, vías de denuncia y apelación, y ningún criterio oficial de veracidad.
Una red social es un negocio, y así debe responder por sus decisiones. Pero también es espacio público, y entonces debe rendir cuentas como tal. A las y los legisladores les toca construir ese marco con un interés social legítimo, y no solo mercantil.
Dos puntos
Como planteábamos en la entrega anterior, la oposición suma más unida que dividida: en 2021, PAN-PRI-PRD y MC reunieron 47.5% de los votos, frente a 34.3% de Morena. Ir por separado no es ilegítimo, pero tiene un costo ya conocido: facilitarle la elección al oficialismo.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
