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Estados Unidos. – El jueves, en una demanda, The New York Times acusó al Pentágono de vulnerar los derechos constitucionales de los periodistas al imponer una serie de nuevas restricciones a la reportería sobre el ejército.
En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, el Times argumentó que la nueva política del Departamento de Defensa viola la Primera Enmienda y “pretende restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recabar información para reportar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales”.
Las normas, que entraron en vigor en octubre, son muy distintas de las anteriores, tanto en extensión como en alcance. Requieren que los reporteros firmen un formulario de 21 páginas en el que se establecen restricciones a las actividades periodísticas, incluidas las solicitudes de pistas para reportajes y las consultas a las fuentes del Pentágono. Según la demanda, los reporteros que no cumplan estas directrices pueden perder su pase de prensa, y el Pentágono se ha otorgado “discrecionalidad sin límites” para aplicar la política como considere oportuno.
La demanda decía que “reportar cualquier información no aprobada por los funcionarios del departamento” podría acarrear un castigo, “independientemente de si la recopilación de noticias se produce dentro o fuera de los terrenos del Pentágono, e independientemente de si la información en cuestión está clasificada o no”.
La demanda solicitaba una orden judicial que detuviera la aplicación de las normas y una declaración de que las disposiciones “dirigidas contra el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda” eran ilegales. El Times ha contratado a Theodore Boutrous, abogado especializado en la Primera Enmienda, quien ha llevado importantes casos de acceso de los medios de comunicación ante los tribunales federales. Julian E. Barnes, reportero del Pentágono para el Times, figura como demandante junto a la empresa.
Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, dijo en un comunicado: “Estamos al tanto de la demanda de The New York Times y esperamos abordar estos argumentos en el tribunal”.
Las nuevas normas son el paso más reciente en un esfuerzo de meses de Pete Hegseth, secretario de Defensa, por restringir el acceso y los privilegios del cuerpo de prensa del Pentágono.
Hegseth llegó al Pentágono en enero, después de un accidentado proceso de confirmación en el que salieron a la luz acusaciones de consumo excesivo de alcohol y agresiones sexuales, las cuales, según él, no eran ciertas. Al principio de su mandato, Hegseth propuso expulsar del Pentágono a una reportera veterana de NBC News que había contribuido con parte de dicha cobertura.
Posteriormente, el departamento despojó a varios medios de comunicación nacionales de sus espacios de trabajo en el Pentágono, y se los ofreció sobre todo a medios conservadores. Hegseth también ha impuesto límites a los lugares del complejo por los que pueden circular los periodistas.
En septiembre se hizo público por primera vez un borrador de las nuevas restricciones, el cual se revisó después de la oposición de los abogados que representan a los medios de comunicación. Las normas definitivas se publicaron el 6 de octubre y, más de una semana después, decenas de periodistas acreditados —entre ellos seis del Times— renunciaron a sus credenciales en lugar de firmar el documento. Los medios que se marcharon han seguido informando sobre el ejército a pesar de las restricciones de acceso.
En octubre, muchos de los principales medios de comunicación publicaron declaraciones en las que condenaban la política del Pentágono como una intrusión en la Primera Enmienda. “La política no tiene precedentes y amenaza las principales protecciones periodísticas”, decía una declaración de ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News.
En una rueda de prensa realizada el miércoles, un abogado del Times dijo que había habido conversaciones con otros medios de comunicación sobre la posibilidad de unirse a la demanda, pero que el periódico había decidido actuar en solitario.
La demanda cuestionaba varias disposiciones de la nueva política, incluida una que facultaba al Pentágono para considerar a un periodista “un riesgo para la seguridad”. Tal determinación podría depender de si el periodista divulgaba sin autorización información clasificada o cierta información no clasificada, entre otras consideraciones.
La redacción de la política sobre la “solicitud” ha preocupado especialmente a los abogados de los medios de comunicación. Afirma que la Primera Enmienda no protege a los reporteros cuando “solicitan a empleados gubernamentales que infrinjan la ley para proporcionar información confidencial del gobierno” y podría aplicarse a las “peticiones de pistas” que animan a los empleados del Departamento de Defensa a compartir información “no pública” de la agencia.
Proporcionar canales para que las fuentes envíen información, decía la demanda, era una práctica “rutinaria” de los periodistas.