TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Pienso que gran número de mexicanos accedió a informaciones concernientes a la destitución y consignación de varios munícipes en el país por desacatar laudos de la SCJN e incumplir laudos de amparo a favor de trabajadores. Esas sentencias dejaban sin efecto, en los casos revisados, despidos injustificados de trabajadores que acudieron confiados a la ley y obtuvieron justicia, aunque en verdad varios años después. Es que la justicia en México es lenta, cuando la hay, y más en materia laboral.
Efectivamente, en los municipios de Coacalco, Tlacotepec, Paraíso – lugar paradisíaco que conocí hace unos 5 años – y Jalpa de Méndez, sus alcaldes se burlaron de trabajadores y menospreciaron la ley, pensaron que sus actos quedarían impunes como suele suceder cuando gente desprotegida lucha contra uno o más poderosos, en este caso, los gobiernos municipales. Tarde pues, pero llegó la justicia, por llamarla así pues justicia tardada es justicia denegada. Hasta 15 años se pasaron la bolita las instituciones para burlar la ley. Merecen castigo sus responsables a lo largo del trayecto.
Los expedientes laborales durmieron en esos lugares el sueño de los justos, permanecieron archivados, empolvados en algún escritorio o almacén a donde se suele enviar papelería de desecho. Desprotegidos por no tener recursos económicos, los trabajadores despedidos se vieron orillados a mantener a sus familias de cualquier modo y seguro que recibieron apoyo de familiares y amigos. Pero hoy, algunos son millonarios pues uno de los laudos obliga a pagarles 90 millones a 27 trabajadores. Habrían de pagarlos, en justicia, los alcaldes que se negaron en su momento a cumplir las sentencias laborales.
En Colima hay casos similares a estos. Según el magistrado presidente del TAE, Germán Iglesias Ortíz, hay cuando menos tres alcaldes reacios a no cumplir con pagos de laudos a trabajadores ( Villa de Alvarez, Tecomán y Armería, aunque hay otros ayuntamientos con deudas de menor cuantía, ) arriesgándose a su destitución si continúan en la misma conducta. Es importante que se llegue a la reinstalación para evitar pagos más altos por salarios vencidos, recomendó Iglesias, sobre todo con la anuencia y la iniciativa de los trabajadores en cada caso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se decidió por fin a abrir los ojos en los temas laborales. Cuando son despedidos los trabajadores, se enfrentan a un sinfín de trámites burocráticos que no solo entorpecen la justicia sino que la evitan. Miles de expedientes están congelados porque implicarán en su mayoría sentencias condenatorias a gobiernos federales, estatales o municipales, olvidándose los jueces que los laudos se pagan con dinero de los contribuyentes, de ahí que deben ser atendidos con responsabilidad y prontitud sin hacerle al cuento.
Ojalá que tal sentido de responsabilidad de la Corte se extienda a todo el país para que se aplique la justicia y el estado de derecho no sea una entelequia. Según dijo el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Luis G. Gerardo de la Peña, hay pláticas con las Juntas de los estados para articular esfuerzos y lograr agilidad en el derecho laboral burocrático. Se están tardando.
Los alcaldes colimenses renuentes a pagar los laudos deben poner sus barbas a remojar, pueden tener problemas graves si los abogados de los trabajadores que aún no reciben sus pagos derivados de las sentencias, asumen una actitud dinámica ante los tribunales y dependencias y lo hacen con acierto para satisfacer a sus clientes burlados hasta ahora.
Ha de brillar la justicia con una luz resplandeciente para que regrese la armonía social y la confianza que muchos han hecho imposible con sus actos ilegales desde la oficialidad. No puede ser que ninguna autoridad, hasta ahora, se comprometa o se le obligue a que los juicios laborales sean más ágiles. ¿Para qué alargarlos con el silencio y la indiferencia si al final terminarán perdiendo los juicios? Como ya lo apunté, los funcionarios que hagan nugatoria la justicia deberían pagar con sus salarios las sentencias de tales juicios si se demuestra que actuaron con negligencia y obstruyeron por sus caprichos la ley.