Por: Ángel Durán.
Según lo ha señalado protección civil, cuando menos hay 3500 inmuebles en el estado que resultaron con daños por el sismo del 19 de septiembre y sus réplicas. Como consecuencia y ante la duda, los propietarios deben acudir a pedir ayuda para que le revisen sus viviendas.
Pero todos los edificios públicos, antes de ser usados para seguir sus labores, deben de contar con el dictamen pericial de que no representan un riesgo para los usuarios. Hasta en ese momento es cuando se puede utilizar el inmueble.
El día de hoy el presidente del tribunal Doctor Bernardo Salazar Santana, emitió una circular en donde se suspenden plazos y términos y sus razones son: porque el mobiliario se dañó y los expedientes en su gran mayoría se cayeron y entonces, todo eso representa un retraso para el desarrollo normal de las actividades de los propios tribunales.
Sin embargo, sabemos que el edificio del poder judicial (central) es un inmueble muy viejo, que tiene muchos problemas de funcionalidad y que realmente puede representar un riesgo para los usuarios en estos momentos.
Por cuestiones de seguridad de quienes ahí trabajan y de la comunidad litigante, sería mejor suspender toda actividad a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores y de quienes tengan que ir por necesidades laborales a ese lugar, hasta en tanto se les entregue por las autoridades de protección civil y peritos especialistas que el inmueble es seguro y que no tiene daño estructural.
De momento, pudieran trabajar en casa, como se estaba haciendo en época de pandemia, pero definitivamente no vale la pena poner en riesgo la seguridad de las personas, pues la única forma de saberlo, es el resultado pericial que dirá, si el inmueble representa o no un riesgo.
La suspensión de labores en ese lugar, está más que justificada, si en época de pandemia se dejaba de trabajar por mucho tiempo y que no se corría un riesgo de tal magnitud como ahora, pues en estos momentos hay incertidumbre que tan dañado podría estar el inmueble y más por tantas réplicas sísmicas que habido, poco a poco pudiera irse fracturando el edificio, aquí lo más sensato es que, el pleno y el propio presidente del tribunal revaloren esta situación y suspenden de inmediato cualquier actividad laboral y que lo que se pueda hacer, se haga trabajo en casa. Es más importante la seguridad y la vida de las personas que trabajan ahí, es mejor esperar el tiempo justamente necesario para que los peritos hagan su trabajo y puedan dar garantía de seguridad.
La preocupación se da al leer la circular, que está vigente, al señalar que, se suspenden plazos, pero esto significa entonces que hay personal trabajando en el lugar, sin un peritaje que no diga el grado de riesgo que represente estar en ese lugar, se pudiera estar atentando en contra de la seguridad personal de la clase trabajadora, más vale prevenir que lamentar, así es que, mientras no haya un dictamen de autoridad competente, la actividad laboral debe ser suspendida.
De igual forma se sabe que la mayoría de la infraestructura de los inmuebles en donde se encuentran los tribunales de justicia a nivel estatal tienen daños menores a la vista y para arreglarlos se ocupa dinero, dinero que por supuesto que no tiene el poder judicial en estos momentos. El Estado tiene que apoyar de inmediato al poder judicial para que pueda continuar con su actividad de impartición de justicia, no puede escatimar el apoyo al sistema de justicia local anteponiendo intereses políticos o de austeridad, pues ante estas necesidades, todos tenemos que hacer un esfuerzo y entre ellos el Estado tiene que hacerse cargo de su responsabilidad ante los otros dos poderes, como en este caso, el judicial que ocupa en estos momentos de su ayuda.