Por: Luis Alfonso Polanco Terríquez
Desafortunadamente, México continúa ubicándose por debajo de naciones con un desarrollo socioeconómico teóricamente inferior. Sin embargo, la prueba PISA dista de ser un instrumento neutral u objetivo: mientras potencias como China o Singapur filtran sus muestras seleccionando regiones de alto rendimiento, México enfrenta el examen con una severa estandarización que omite las abismales brechas entre las aulas urbanas, semiurbanas y rurales. Aun dentro de este sesgo, rescato un matiz poderoso: el reconocimiento explícito y genuino que el alumnado otorga al esfuerzo diario de sus maestras y maestros, un motivo de legítimo orgullo para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Palabras más, palabras menos, así lo expresó Alfonso Cepeda Salas —Secretario General del SNTE y senador de la República— al ser cuestionado tras una sesión legislativa sobre el rezago de México en los indicadores de la OCDE. El SNTE se consolida, así como el último bastión de la escuela pública y de las conquistas gremiales frente a décadas de embates privatizadores; gracias a esta trinchera sindical, la iniciativa privada no ha logrado arrebatarle al Estado la rectoría de la infraestructura ni de la política educativa nacional.
Es una realidad ineludible que la calidad educativa en México se ha deteriorado, pero achacar la culpa al magisterio es una falacia. La rectoría recae constitucionalmente en el Estado. En administraciones pasadas se convocaba a la sociedad civil y a los expertos del SNTE para confeccionar planes y materiales didácticos; hoy esa gobernanza participativa es historia. Pese al aislamiento institucional, Cepeda abandera una resistencia política para que los postulados históricos de la educación —gratuita, laica, obligatoria y democrática— no terminen diluidos en el discurso.
Desde la tribuna del Senado, la postura de Cepeda trasciende el simple control de daños mediático. Su discurso desarma la narrativa punitiva de PISA para poner sobre la mesa una crítica sociológica: la evaluación estandarizada es intrínsecamente inequitativa si borra las asimetrías regionales y si juzga con el mismo rasero al aula rural desmantelada y al colegio urbano equipado. El dirigente no busca evadir la realidad, sino desmantelar el sesgo metodológico internacional para blindar la dignidad del trabajo docente.
Para reflexionar. Bajo este diagnóstico, el sistema educativo mexicano enfrenta pendientes estructurales impostergables. En primer lugar, la infraestructura: es insostenible exigir estándares globales cuando las zonas marginales carecen de conectividad y servicios básicos. En segundo lugar, la sobrepoblación estudiantil: mientras la media internacional ronda entre 15 y 30 alumnos por aula, el docente mexicano imparte clase a grupos masivos de hasta 47 estudiantes, multiplicando el desgaste pedagógico y la saturación administrativa.
A la par de la infraestructura, urge reformar la formación continua para que responda a las exigencias pedagógicas contemporáneas sin asfixiar al profesorado con burocracia. Paralelamente, México debe transitar hacia evaluaciones diagnósticas contextualizadas que midan el progreso escolar en función de sus propias realidades socioeconómicas, abandonando definitivamente la comparación estéril con economías cuyo gasto por alumno es abrumadoramente superior.
El planteamiento de Alfonso Cepeda Salas exige leer PISA no como una condena al maestro, sino como un reflejo del abandono presupuestal e institucional del Estado. Atender los bajos resultados implica reducir la carga laboral, dotar de tecnología utilizable a las comunidades vulnerables y reconfigurar la medición del aprendizaje bajo un enfoque de justicia social, reconociendo que la equidad es el verdadero prerrequisito de la excelencia.
Para despedirme, el reto transversal más apremiante radica en la revalorización integral del magisterio, afirma Alfonso Cepeda. Agregando, que los alumnos reconozcan la entrega de sus profesores en medio de la adversidad es un indicador humano que PISA no puede cuantificar en un puntaje numérico. Es responsabilidad del Estado traducir ese reconocimiento social en justicia laboral: salarios dignos, capacitación efectiva y certidumbre profesional para quienes sostienen, todos los días, el futuro del país desde el aula.
Nos vemos en otra entrega.
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