Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Para el dirigente de la sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Javier Pinto Torres, con la nueva reglamentación de la Ley Antibullying los estudiantes están sobreprotegidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los maestros acosados laboralmente.
“No debería de ser y desgraciadamente es una situación que no entienden ni asumen los padres de familia”.
Explicó que el principal reto será tener la investigación e información de primera mano, porque se corre el riesgo de convertir el asunto en lo que se convirtió en sus primeros años la CNDH, y explicó que cuando el papá o el alumno sentían que ‘le sacaban la lengua’ corrían a denunciar al maestro a derechos humanos.
“Tenemos que evitar eso y que los maestros resulten acosados laboralmente debido a la implementación de estas leyes”.
El líder magisterial expresó que esa sería una tarea muy importante que podrían realizar los integrantes del Consejo de Participación Social, para hacer conciencia de la importancia de que los padres se involucren en el problema y asuman su responsabilidad.
“Actualmente ante un problema de bullying, lo común y sencillo es decir que el maestro tuvo la culpa o no actúo oportunamente y ante una circunstancia de esta naturaleza se convierte en un proceso que se fundamenta en la palabra de uno contra el otro”.
Aclaró que los hogares son la primera escuela y eso lo deben entender los padres de familia y entonces no escudarse en todo lo que está escrito para achacarle el problema al maestro.
“Cosa que como sindicato no lo permitiremos y daremos la pelea”.
Dentro de las sanciones de la Ley Antibullying son:
“A los integrantes de la comunidad escolar que infrinjan la Ley se les apercibirá por escrito, privado o público; se les amonestará por escrito, privada o pública; se les suspenderá; destituirá del puesto; sancionará económicamente, y se les inhabilitará temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.
“Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta la gravedad de la conducta en que se incurra, las circunstancias socioeconómicas del infractor, el nivel jerárquico y las condiciones del infractor, la antigüedad en el servicio”.