VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La amenaza del huracán Simón coloca a Colima frente a una prueba que va mucho más allá de la capacidad de respuesta ante un fenómeno meteorológico. Lo que está en juego es la seguridad de las familias, la continuidad de las actividades económicas; también está en entredicho la responsabilidad de los gobiernos para prevenir riesgos, atender a las comunidades vulnerables y acompañar a quienes, después de sufrir los estragos de fenómenos anteriores, todavía esperan que alguna autoridad se acuerde de ellos.
Manzanillo, por su ubicación geográfica y su importancia económica, enfrenta una preocupación particularmente seria. Los municipios costeros conocen bien el precio que pueden cobrar las lluvias intensas, los vientos destructivos, las marejadas y las inundaciones. Comerciantes, prestadores de servicios turísticos, ramaderos y pequeños empresarios han padecido pérdidas que comprometen sus ingresos, sus inversiones y, en muchos casos, el sustento cotidiano de sus familias. Sin embargo, de acuerdo con los reclamos que se han planteado, la respuesta institucional ha estado muy lejos de representar el respaldo que necesitan.
La inconformidad tiene una razón elemental: quienes han visto dañados sus establecimientos y reducido sus ingresos no solamente enfrentan las consecuencias del clima, sino también el abandono de la autoridad. Resulta particularmente cuestionable que la gobernadora y las autoridades municipales no hayan dado, según se denuncia, señales suficientes de acercamiento para conocer de primera mano las pérdidas, evaluar necesidades y gestionar mecanismos de recuperación.
No se trata de exigir que un gobernante pueda detener un huracán. Se trata de que haya capacidad para anticiparse a sus consecuencias, coordinar a las instituciones, proteger a la población y establecer mecanismos para que las familias y los negocios afectados no queden abandonados a su suerte.
En Manzanillo, la preocupación adquiere una dimensión por las condiciones de drenaje y la vulnerabilidad de determinadas zonas urbanas. El Valle de las Garzas, donde existen antecedentes de problemas de inundación, representa uno de los puntos que exigen atención prioritaria. Si los arroyos y canales no han recibido oportunamente el desazolve necesario, y si las obras para reducir el riesgo de inundaciones siguen pendientes o resultan insuficientes, la llegada de lluvias extraordinarias podría multiplicar los daños.
No basta con convocar a la población a mantenerse alerta cuando las condiciones de riesgo pudieron haber sido atendidas con anticipación.
Sin FONDEN, ¿quién responderá por los daños?
A la vulnerabilidad física se suma otra preocupación: la capacidad financiera del Estado mexicano para enfrentar una emergencia de grandes proporciones. La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que durante años funcionó como un instrumento para financiar la atención y reconstrucción después de contingencias graves, dejó atrás aquel mecanismo específico y obligó a depender de otras vías presupuestarias. Si de por sí el gobierno ya no tiene dinero, ¿cómo se atenderá la emergencia inmediata, de dónde saldrán los recursos para ayudar a quienes pierdan su patrimonio?
No basta con asegurar que habrá ayuda: se necesitan reglas claras, recursos disponibles y procedimientos ágiles para que los apoyos no se conviertan en promesas sujetas a la burocracia o a los intereses políticos.
Para los pequeños comerciantes y ramaderos de Tecomán, Armería y Manzanillo, una inundación puede significar mucho más que reparar un techo o reponer mobiliario. Puede representar semanas o meses sin ingresos, deudas acumuladas y la posibilidad de cerrar definitivamente.
¿Será que la amenaza de Simón también volverá a exhibir la ineficacia de la llamada Cuarta Transformación, mientras los escándalos políticos, las acusaciones de corrupción y las disputas internas del partido gobernante alimentan la percepción de que buena parte de su energía se consume en conservar posiciones, administrar lealtades y preparar la siguiente competencia electoral?
La prueba para las autoridades será actuar con coordinación, transparencia y eficacia. La gobernadora debe encabezar una respuesta que incluya a los municipios costeros y no atenerse sólo al Plan Marina o al Plan DNIIIE, menos cuando los sistemas de protección civil están debilitados.
Desde luego ante fenómenos de esta naturaleza, la corresponsabilidad es de todos: la población debe atender los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua, alejarse de zonas inundables y evacuar cuando las autoridades competentes así lo indiquen, pues ante la amenaza de un huracán, salvar vidas está por encima de cualquier diferencia partidista.
Simón todavía representa una amenaza cuya evolución y trayectoria deben seguirse mediante los reportes oficiales. Pero si el huracán golpea con fuerza a Manzanillo y a los demás municipios costeros, las autoridades tendrán que responder, no solamente con la atención inmediata, sino también por la calidad de la prevención y por la capacidad de recuperación que hayan preparado.
Si Morena pretende seguir hablando de transformación, tendrá que demostrarla en las calles inundadas, en los negocios que necesitan recuperarse y en la protección efectiva de las familias. Porque cuando la prevención falla y la ayuda no llega, el costo de la incompetencia lo paga la gente y se lo cobrará en las urnas.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
