Por: Ángel Durán
Si dentro de doce meses los Jueces y Magistrados electos, no consiguen demostrar que se aplica la ley con justicia, el Poder Judicial se desacreditará aún más y la ciudadanía les retirará la poca confianza que aún conserva.
Así lo dijo el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, quien recordó que el costo social y económico de la reciente elección, sólo tendrá sentido, si las nuevas togas transforman la calidad de las sentencias, dignifican a las víctimas y devuelven certidumbre a los procesos.
La legislación ha puesto plazo y vigilancia: en un año exacto el Comité de Disciplina Judicial deberá evaluar, con métricas transparentes, a todos los juzgadores que tomarán posesión.
Se revisará la duración de los juicios, la solidez jurídica de las resoluciones, el trato a las partes y el cumplimiento de estándares de derechos humanos.
Quien repruebe, será separado y hasta que demuestre saber juzgar es que regresará o de lo contrario si no demuestra un avance será separado del cargo.
Para llenar las vacantes sin detener tribunales, el INE y los institutos electorales locales elaboraron listas de prelación.
El mecanismo es sencillo: si un juez queda fuera, el siguiente candidato con más votos asume el cargo sin necesidad de nueva elección. Esta previsión impide que la evaluación anual se convierta en excusa para el caos.
Durante años, la ciudadanía ha percibido al Poder Judicial como inaccesible, lento y complaciente con los poderosos.
Ese descrédito genera un círculo vicioso: cuanto menos confía la gente en la justicia, menos acude a sus tribunales y más se normaliza la impunidad.
Por eso el futuro presidente de la Corte habló de una “última oportunidad”: o los nuevos jueces demuestran independencia y excelencia técnica, o México perderá la fe en la ruta institucional.
La ley concede a las organizaciones civiles y a la academia, el derecho de solicitar datos abiertos sobre desempeño, asistir a audiencias públicas y presentar quejas ante el Comité de Disciplina Judicial.
Cada sentencia relevante debe analizarse, difundirse y discutirse en lenguaje llano.
Sin participación crítica, la evaluación corre el riesgo de quedarse en manos de la burocracia y reproducir los vicios que se pretende erradicar.
Las palabras del próximo titular de la Corte llegan en un contexto pre-electoral en el que todo se mira con lupa política.
Los nuevos juzgadores deben fallar conforme a la Constitución, proteger derechos y fundamentar cada decisión con rigor probatorio y argumentativo.
Nadie espera que en doce meses desaparezca la ineficiencia judicial ni que se erradique por completo la corrupción o el nepotismo; pero sí se exige un cambio visible en la actitud de los jueces, en la puntualidad de las audiencias y en la calidad de las resoluciones.
Un salto modesto pero verificable bastará para conservar la credibilidad y demostrar que la elección popular de juzgadores fue algo más que un experimento político.
Si el balance resulta negativo, el colapso institucional será doblemente grave: no sólo habremos desperdiciado la elección, sino que profundizaremos la desconfianza en el sistema democrático.
De ahí el mensaje final del futuro presidente de la Corte: Nos jugamos la legitimidad del Estado de derecho; si en un año no cambiamos, la sociedad no nos tendrá confianza.
La cuenta regresiva corre desde hoy. Jueces, magistrados, autoridades electorales, medios y ciudadanía compartimos la responsabilidad de vigilar, exigir y medir.
Sólo así podremos transformar la amenaza de un colapso en la oportunidad histórica de construir, por fin, un Poder Judicial digno, autónomo y eficaz.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.