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México.- Dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que en 2014, quedó en calidad de desconocido el paradero de 400 mil televisiones adquiridas como parte del programa de Transición Digital Terrestre (TDT), también conocido como apagón analógico.
El auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Javier Pérez Saavedra, detalló ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría de la Cámara de Diputados, que al revisar la Cuenta Pública 2014, no se pudo identificar el destino de los aparatos televisores referidos. Indicó que en la revisión 2015 se podría determinar a quienes se entregaron; aunado a que ese tipo de fallas se presentó por el apresuramiento en la implementación del programa.
“Por la celeridad con que se fue planteando, cayó en una serie de vicios como fue no realizar una investigación de mercado, lo que propició obviamente la adquisición de grandes cantidades de televisores, de pantallas de televisión en precios que no garantizaron las condiciones, las mejores condiciones para el Estado. Hubo falta de controles, al cierre del ejercicio 2014 casi 400 mil televisores que todavía no se tenía el control de dónde habían sido repartidos, evidentemente ya no estaban”, puntualizó.
Puntualizó que el plazo para aclarar el destino final de las pantallas el apagón sigue corriendo y las autoridades del sector comunicaciones deberán hacer las aclaraciones pertinentes.
Indicó que probablemente, no logró localizar los aparatos, debido al cambio de domicilio del beneficiario; aunado a que durante 2015 continúo el reparto de pantallas; sin embargo, es una inconsistencia que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe subsanar.
Lo anterior, en respuesta a cuestionamientos de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Corichi y de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Minerva Hernández, quienes plantearon preocupaciones sobre el gasto público en el 2014, en particular en materia de desarrollo económico.
Durante la reunión de revisión de los resultados de la Auditoría a la Cuenta Pública del 2014, las legisladoras también destacaron las fallas e irregularidades en los recursos destinados a programas para el campo y en los contratos otorgados a distintas universidades sin que éstas tuviesen capacidad de dar con los servicios requeridos.
En particular sobre los programas destinados al campo, el Auditor Especial de Desempeño, Roberto Salcedo Aquino, recalcó que desde hace 14 años, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA), debió elaborar un padrón único de beneficiarios.
Sin embargo, en el reglamento de ese despacho federal, no hay ninguna disposición que lo obligue a elaborar un padrón único de beneficiarios, por lo que los apoyos a los campesinos se diluyen y se entregan a personas que no lo necesitan, como ciudadanos con más de 100 años o bien, niños de 11 años.
Respecto a la contratación de universidades por parte de distintas dependencias públicas, para ofrecer bienes y servicios, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal enfatizó que las irregularidades no solo se centran en la Universidad del Estado de México, sino que hay otras instituciones educativas en la misma situación.
Debido a las deficiencias en el diseño de las leyes de Adquisiciones y Obras, que no obliga a licitar los contratos entregados a las universidades, apuntó Portal Martínez, es que se les paga para realizar tareas, estudios, diagnósticos y actividades para las que no tienen capacidad.
De igual modo, las universidades suelen “subcontratar” en gran parte e incluso al 100 por ciento los servicios en cuestión, lo que propicia el desvío de recursos, la falta de rendición de cuentas y obras inconclusas, refrendó.
En cuanto a la recurrencia en las anomalías en el gasto detectadas por el órgano fiscalizador, los auditores especiales señalaron que se debe a las fallas en el diseño de los programas presupuestales, la omisión en el establecimiento de metas y mecanismos de medición de resultados, entre otras inconsistencias como el desarrollo de obras caras y mal planeadas.
Subrayaron que en el ámbito administrativo, existe una falta de compromiso recurrente en mejorar los controles internos, y mientras no exista un ajuste en ese rubro, seguirán habiendo irregularidades en el uso del erario.
A pregunta del diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Vidal Llerenas, sobre el manejo poco claro de los “aprovechamientos” financieros previstos en la Ley de Ingresos, los integrantes de la ASF reconocieron que esa situación se presenta, pero no es una acción ilegal, en tanto que está prevista en la normatividad referida.
Admitieron que la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Gobierno Federal siempre “subestiman” el monto de los aprovechamientos, y se estima que son utilizados para equilibrar las finanzas públicas, alcanzar las metas establecidas en la Ley Ingresos y equilibrar el déficit público.
Incluso, el director general de Análisis e Investigación Económica de la ASF, Ricardo Miranda Burgos, remarcó que el manejo de los aprovechamientos se hace conforme a la ley, aunque, será preciso poner más atención en el destino de esos recursos.
Por su parte, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras, solicitó a la ASF puntualizar los señalamientos respecto a que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), no aplica criterios adecuados para definir las percepciones básicas de los trabajadores.
Al respecto, el auditor especial Salcedo Aquino, indicó que la revisión en ese rubro en 2014, arrojó que en la metodología aplicada por la CONASAMI, no existen elementos de evaluación sobre la pérdida del poder adquisitivo del trabajador, y por ello, el aumento salarial no cubre ese factor y no tiene un aumento sustancial.
En el tema educativo, indicaron que también hay deficiencias en la profesionalización del magisterio, pues se requiere un diagnóstico preciso sobre efectividad de programas de capacitación.
Identificaron “carencias” en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, que también aplica sin contar con un diagnóstico preciso sobre las necesidades de los estudiantes, lo que deriva en uso irregular de recursos y asignaciones presupuestales “inerciales”, sin que ello se refleje en una mejora en la calidad educativa.
Sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre y los programas de atención a adultos mayores, plantearon que se requiere una definición más precisa de los padrones de beneficiarios, adecuar la coordinación entre las instituciones involucradas, establecer claramente las metas, y nuevamente, contar con mecanismos para medir resultados.
Lo anterior, debido a que ambas estrategias tienen carencias estructurales en su diseño, no se elaboraron con base en un diagnóstico integral sobre causas y efectos problema por atender, la legislación en la materia no es “armónica”, hay falta de coordinación entre las dependencias encargadas de su ejecución, hay dificultades para verificar la entrega y ejercicio de los recursos involucrados y los sujetos a los que van destinadas tampoco están claramente identificados.
Finalmente, los especialistas de la ASF, enfatizaron que los principales “factores de riesgo” en el uso de recursos públicos a través de programas, son la falta de controles internos, problemas de diseño en los programas, la falta organismos especializados para cumplir objetivos, poca claridad en los padrones de beneficiarios y falta de herramientas de evaluación resultados.
Fuente: http://www.noticiasmvs.com/