Lo anterior, porque no legisló en materia de anulación de elecciones, recuento de votos en casillas, capacidad sancionadora del IFE sobre secretarios de Estado, gobernadores y el Presidente de la República; spots y candados para evitar financiamiento sucio en precampañas.
A pesar que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el cabildeo del IFE buscaron hasta el último momento que la Cámara de Diputados abriera antes de este sábado un periodo extraordinario para aprobar solamente los ajustes electorales ya avalados por el Senado de la República, no fue posible que los actores políticos se pusieran de acuerdo.
De acuerdo con el marco legal del país, los cambios a las leyes electorales sólo se pueden hacer 90 días antes del arranque oficial del año electoral, que el IFE fijó para el viernes 7 de octubre, lo cual ubicó a este sábado 9 de julio como el último día en que podían entrar en vigor los ajustes solicitados por las autoridades electorales.
Así, pese a que, tanto el IFE como el TEPJF avisaron desde julio de 2009 las deficiencias que tenía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), aprobado en 2007, en su aplicación a casos concretos en la elección federal de ese año, ni los senadores ni los diputados federales cubrieron las deficiencias.
El IFE y el Tribunal solicitaron a los legisladores federales corregir el Cofipe en cinco grandes rubros: reglas para la anulación de elecciones; recuento de votos; uso de tiempos del Estado para reducir la spotización; aumentar la capacidad sancionadora del IFE e incrementar las atribuciones para revisar las finanzas de las precampañas, recuento de votos, y evitar el uso de dinero del crimen organizado.
Pero los legisladores federales no tuvieron el tiempo para tratar estos asuntos aunque, a decir el perredista Arturo Núñez, también faltó voluntad política.
De esos cuatro grandes rubros de cambios que solicitaron las autoridades electorales, los senadores sólo lograron consensos en tres: recuento de votos, que la fiscalización del presupuesto de precampañas se haga separada de los gastos de campaña, y aumento de la facultad sancionadora del IFE, para que pueda multar al Presidente de la República, secretarios de Estado y gobernadores.
Pero de las causales de nulidad y de la spotización no hubo avances importantes; en eso estuvo en desacuerdo el perredista Arturo Núñez, quien desde 2007 ha urgido al resto de las fuerzas políticas a traducir al Cofipe las causales de nulidad abstracta que creó el Tribunal Electoral en diciembre del año 2000, que se aplican, pero que no tienen sustento en las leyes electorales.
De esta forma, en 2012, la legislación aprobada por el Congreso en 2007 tendrá su segunda aplicación en una elección federal, pero su primera en la elección de la Presidencia de la República y la renovación de todo el Poder Legislativo, con lagunas en cinco rubros.
Ello implicará, de acuerdo con el análisis de las autoridades, que existan pocas herramientas para evitar que los servidores públicos incurran en acciones incorrectas para promocionar gobiernos o inducir mediáticamente el voto por algún partido político; además, se carecerá de los instrumentos suficientes para castigar a los servidores que usen recursos públicos o programas para una causa electoral.
Además, no hay un criterio para el recuento de votos en casillas impugnadas.
