Por: Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu
En mi columna anterior sostuve que el INE podía —y debía— ser criticado sin condenarlo a desaparecer. Este viernes 6 de noviembre, la presidenta Sheinbaum afirmó en la mañanera: «El INE sí se tiene que sanear». La cuestión es el alcance jurídico de ese verbo. Sanear supone corregir una institución para que cumpla su función. Desmantelar supone privarla de los medios para cumplirla. De esa distinción depende si el resultado es una democracia que se corrige o un sistema sin árbitro efectivo.
La declaración derivó de la investigación presentada el jueves 5 de noviembre por la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Según esa investigación, empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos por 2,094 millones de pesos entre 2015 y 2023 en 23 de los 32 organismos locales electorales, y 646.3 millones entre 2024 y 2025, para un total de 2,740.3 millones. El mecanismo señalado sería la simulación de competencia: empresas relacionadas participando para que la contratación quedara en el mismo grupo.
La ley exige una investigación para deslindar responsabilidades y acreditar que los montos señalados, son el valor de los contratos identificados y que presumiblemente representan un desvío de recursos. Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación concluir las auditorías y remitir, en su caso, el asunto a la Fiscalía General de la República. El Órgano Interno de Control tiene abiertos 18 expedientes por contrataciones y comunicó la presentación de seis denuncias penales ante la FGR contra funcionarios, exfuncionarios y empresas, por presunto cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. El partido político “Somos” rechazó los señalamientos y anunció acciones por daño moral.
Ante ese anuncio, la presidenta respondió: «Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo». Atendiendo a lo dicho por la mandataria, la investigación abarcará administraciones distintas: los años de Lorenzo Córdova al frente del INE y el periodo posterior, con Guadalupe Taddei como consejera presidenta. En esa línea, la ASF ampliará la revisión a contratos de 2000 a 2025, incluidos los del antiguo IFE, por 3,790.3 millones de pesos.
La presidenta cuestionó a Córdova: sostuvo que supo durante nueve años del acaparamiento y no hizo nada, que se cobraba «al doble, al triple de precio», que muchas empresas eran «coyotes» y que el propio INE también las contrató. El señalamiento refuerza esa dimensión, pero no sustituye la determinación de responsabilidades. Si la revisión se limita a ciertas administraciones, el saneamiento pierde fundamento: la fiscalización debería ser universal, con respeto a la presunción de inocencia y al derecho de audiencia. Un procedimiento selectivo sustituye la confianza por la sospecha de un ajuste de cuentas.
Sanear implica transparencia en la contratación, de la convocatoria al pago; lineamientos comunes obligatorios para todos los organismos locales, para evitar 32 procedimientos con 32 grados de opacidad; y contención de costos sin comprometer la elección. A ello se suma el decreto anunciado para la semana del 9 de noviembre, para fortalecer a Talleres Gráficos de México y transparentar la producción de boletas. Nada requiere reforma constitucional ni desmantelar al árbitro antes de la elección del 6 de junio de 2027: los cambios de fondo deberán esperar a que concluya el proceso en marcha.
La presidenta descartó remover ahora a los consejeros estatales nombrados por Córdova, porque la Constitución impide cambios electorales una vez iniciado el proceso. Anoche la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2027 con una reducción de 6 mil millones al INE, de 42 mil 274.5 millones a 36 mil 274.5 millones, y dejó la discusión en lo particular para hoy. Limpiar sin alterar las reglas en curso es la vía compatible con el marco vigente.
Un ejemplo muestra esa corrección sin destrucción. El 7 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió por unanimidad, en el expediente SUP-JDC-473/2026, que las «boletas planchadas» —sin marcas de doblez, sin explicación de cómo entraron a la urna— no pueden computarse como votos en 2027. Esta semana, el INE acató la resolución: esas boletas se separarán e inutilizarán, sin contar como válidas ni como nulas. Sanear es eso: identificar la irregularidad, corregirla y dejar constancia.
Concluyo con la tesis de mi columna anterior. Una cosa es criticar los excesos del INE y otra distinta condenar su existencia. Un INE sin autocrítica y sin rendición de cuentas es un INE ciego. Pero un INE sometido a investigaciones selectivas y a reformas apresuradas antes de una elección, sería un INE maniatado. México no necesita optar entre un árbitro intocable y un árbitro sometido. Necesita un árbitro limpio, auditado y autónomo. Sanearlo es defenderlo. Desmantelarlo, con ese pretexto, sería lo contrario.
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