Por: Ángel Durán
La migración no puede seguir siendo una sentencia de riesgo o una travesía por el infierno. Caminar en busca de una vida mejor no debería costar la propia vida.
Hoy, miles de personas atraviesan México en condiciones de vulnerabilidad extrema, expuestos al crimen, a la impunidad y al abandono institucional. Lo hacen por veredas, vías del tren, carreteras secundarias o terrenos baldíos. Rutas improvisadas que no garantizan seguridad, ni derechos. Y esto no es casualidad: es omisión del Estado.
Los países de tránsito, como México, tienen una obligación jurídica clara y contundente: garantizar rutas seguras a los migrantes. No es una cortesía, no es caridad.
Es un deber que emana del derecho internacional y de los tratados que México ha ratificado. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (ONU, 2018) establece en su Objetivo 8 el compromiso de “salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas para encontrar a los migrantes desaparecidos”, y urge a establecer vías legales y seguras.
También el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares imponen al Estado mexicano la responsabilidad de proteger, sin discriminación, a toda persona en su territorio, independientemente de su situación migratoria.
¿Se está cumpliendo este mandato? Lamentablemente, no. Las rutas migrantes en México están marcadas por la violencia, la extorsión, la trata y el abandono institucional.
Cada testimonio recogido en Chiapas, Veracruz o Coahuila revela lo mismo: improvisación, ausencia de protección y complicidad estructural con los intereses del crimen organizado.
Pero esta no es solo una falla del poder ejecutivo. Aquí los jueces, los tribunales, los ministerios públicos también tienen una deuda moral y legal. El sistema judicial debe convertirse en el primer garante del derecho de migrar con dignidad. Porque los derechos humanos viajan con la persona, no se detienen en una frontera ni expiran por falta de documentos.
Es tiempo de que los jueces mexicanos y de otros países de tránsito asuman un papel activo, preventivo y protector. No basta con resolver casos individuales.
Se requiere que, en cada sentencia relacionada con migrantes, se emitan medidas que obliguen a las autoridades a establecer rutas adecuadas, seguras y accesibles. El poder judicial no puede actuar de espaldas a la realidad. Tiene que advertir, prevenir y corregir.
El derecho a caminar sin miedo es un derecho humano. Y México, como firmante de los tratados que sostienen el sistema interamericano y universal de protección de derechos, debe garantizarlo.
Esto implica mapear rutas seguras, dotarlas de infraestructura básica, contar con estaciones de descanso vigiladas, personal médico, información legal accesible y funcionarios que no abusen de su poder.
La sociedad civil también tiene un papel crucial. Ante la ausencia del Estado, son las casas de migrantes, los voluntarios y las iglesias quienes ofrecen alimento, abrigo y orientación.
Su labor es admirable, pero insuficiente si el Estado no actúa. Por eso, el llamado debe ser también a la empatía colectiva: si ves un migrante, protégelo. No lo señales. Ayúdalo. Es un ser humano, igual que tú.
Eso sí, también debemos informar a los migrantes sobre sus deberes legales. Que conozcan las normas del país que transitan, que no se vulneren leyes locales, que respeten a las comunidades por las que pasan.
El respeto debe ser recíproco. Pero para ello, hace falta una política integral de información, derechos y responsabilidades traducida en los idiomas que hablan los migrantes, con materiales visuales y apoyo comunitario.
Hoy por hoy, los migrantes no están violando la ley: es el sistema el que los obliga a infringirla al no ofrecer caminos seguros. Urge una nueva política migratoria que ponga la dignidad humana en el centro, con el poder judicial como motor y con la sociedad como aliada.
Porque caminar con miedo no es libertad. Y migrar en peligro no es opción: es tragedia.
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