Redacción|COLIMANOTICIAS
Ciudad de México.- “Nuestros hijos tienen un rostro, una familia, una historia y los esperamos con todo nuestro amor. Seguiremos gritando que los amamos, los necesitamos, y que nunca dejaremos de buscarlos hasta encontrarlos”; con estas palabras, la senadora del GPPRD Iris Vianey Mendoza Mendoza, presentó a nombre propio y de varios senadores Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia de Servicios Periciales y Forenses Autónomos.
Como todos sabemos, en junio de 2008 se realizó una reforma que implicó cambios profundos en al menos diez artículos de nuestra constitución, y se sentaron las bases para transitar de un modelo inquisitivo a un acusatorio en materia penal. Cómo parte fundamental de esa reforma se establecen principios procesales y derechos tanto de las víctimas como de personas imputadas de delitos. Los servicios periciales y forenses juegan un papel fundamental en cualquier investigación de carácter judicial; para búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas se requieren servicios periciales de calidad y además, confiables.
Actualmente, la PGR, cuenta con área denominada Coordinación General de Servicios Periciales, con un organigrama muy parecido al de cualquier dirección, ejerce sus facultades en el territorio nacional a través de unidades administrativas que integren su organización regional y estatal en cada entidad federativa, quienes fungen además como enlaces y auxiliares de los titulares de las Delegaciones, así como de las demás autoridades judiciales y civiles de la entidad, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de la PGR y demás disposiciones aplicables.
Desafortunadamente, esto no es suficiente, hoy en día hay una gran cantidad de personas desaparecidas, violentadas y asesinadas, cuyas víctimas exigen servicios periciales de primer nivel.
En esta iniciativa se destacan cinco aspectos fundamentales:
- La incapacidad de los agentes del Ministerio Público para integrar equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales.
- Insuficiente capacidad técnica; se ha considerado por expertos internacionales que esto es una consecuencia de falta de profesionalización y la ausencia de un salario digno.
- Insuficiencia y falta de habilidades en las distintas áreas forenses.
- La dispersión de los servicios; y,
- El menosprecio institucional de la actividad forense y pericial.
Ahora bien, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han referido la necesidad de servicios periciales autónomos para el fortalecimiento del Sistema del Justicia y el respeto de los derechos humanos en México:
- El Informe de Justicia Fallida en el Estado de Guerrero, presentado por una organización internacional que recomienda: “Garantizar Servicios Periciales autónomos de autoridades policiacas y de instancias de procuración de justicia”.
- En el título Cuarto de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición cometida por Particulares, presentada por la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada el pasado 3 de septiembre, que propone la creación del Instituto Autónomo de Investigación Forense con servicios gratuitos.
- El Informe Ayotzinapa, señala como recomendación en el apartado Reformas Institucionales para la investigación y sanción: el Contar con un organismo pericial y forense autónomo y competente, a nivel federal como en los diferentes estados.
El estado mexicano tiene que ofrecer servicios periciales y forenses con capacidad técnica que cumplan con los protocolos internacionales y los estándares de calidad. A su vez, tenemos que generar las condiciones para que los peritos puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas. Se tienen que ampliar y enriquecer las áreas de servicios en todas las ramas: Biología, Medicina, Genética, Balística, Psicología, Antropología, Odontología, Fotografía. Todo esto, en una Ley reglamentaria que deberá elaborarse como consecuencia de la reforma que ahora se propone; dicha ley, también regulará el esquema que permita operar el banco de datos forenses que deberá incluir el Registro Nacional de Información Genética, la Base de Huellas Dactilares y todos los datos forenses para poner la ciencia al servicio de la verdad, la justicia y la reparación integral.