*Prevé consecuencias graves en Zacualpan por la intromisión del Gobierno
Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), exigió la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora, al calificar que no defiende derechos humanos y apoya a quienes bloquean el tránsito al Ojo de Agua, en Zacualpan.
Desde diciembre pasado, en la comunidad hay malestar contra unas 20 personas que desde el 30 de diciembre impiden el paso al manantial y parque ecoturístico Ojo de Agua.
Además se denuncia que estos retienen a 70 comuneros de la zona.
Rema expone en un comunicado de prensa que el grupo minoritario de los comuneros simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por el Gobierno del Estado, y con la asesoría de la Delegada de la Procuraduría Agraria, son apoyados por la policía, quienes protegen y custodian los intereses del grupo minoritario.
“Quienes se niegan a entregar la administración del Ojo de Agua que ingresa grandes sumas por concepto de turismo, para el beneficio de la comunidad, pero que por años ha sido la cuota de corrupción y enriquecimiento ilícito que se niegan a transparentar”.
La red ambientalista asegura que este grupo mantiene un cerco al presidente de Bienes Comunales y otros 70 comuneros, quienes se encuentran retenidos con el apoyo de la policía, por medio del bloqueo de la salida del Ojo de Agua y evitando que se les proporcione alimentos y cobijas.
En el documento, señala que “el Ojo de Agua reporta más de 90 mil pesos cada mes, fondos que no se han transparentado y del cual se benefician un puñado de simpatizantes del PRI. Las nuevas autoridades han procurado que el centro turístico sea en beneficio de la comunidad, ofreciendo empleos a toda la comunidad, ofreciendo becas para jóvenes deportistas, apoyo para medicinas para enfermos, beneficios para las escuelas, préstamos para cooperativas de la comunidad, apoyo a viudas para el sepelio, etc.”
Rema expone que, sin embargo, a estas actitudes del Gobierno del Estado, se suma el apoyo a las ilegalidades, la omisión y actuación en apoyo a la violación de los derechos humanos por parte del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, Roberto Chapula de la Mora.
“El ombudsman obviamente no defiende los derechos humanos de la población afectada, sino que no oculta su preferencia y apoyo público a los que ilegalmente mantienen bloqueado el libre tránsito al Ojo de Agua. Y esto es sumamente grave para el país, la colusión de los funcionarios obligados a velar por los derechos humanos en actos de solapamiento, provocación y apoyo a las ilegalidades y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas”.
Además, la asociación ambientalista advierte que esta escalada de violencia ya se ha advertido y documentado a lo largo de todo el año 2014 ante el Ministerio Público y a la opinión pública nacional e internacional, con actitudes de provocación para desestabilizar el proceso legal y legítimo de la mayoría de los indígenas comuneros.
“En total contubernio y provocado por el Gobierno del Estado, la Procuraduría Agraria, SEDATU, la CEDH, la Policía Municipal y Estatal, de tal manera que se acerca a un punto grave de violencia tal que no queremos que se convierta el caso de Zacualpan como la violencia desatada por los tres niveles de gobierno en Ayotzinapa, Guerrero; como lo fue en Acteal, Chiapas; o como en San Juan Copala en Guerrero”.
Refiere que la colusión de los partidos políticos como el PRI, de funcionarios priistas como el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda, o funcionarias como María Elena Díaz Rivera, del gobernador Mario Anguiano, de la policía y otros niveles de gobierno, tendrá una grave consecuencia de seguir insistiendo en la ilegalidad de sus actos.
Dentro de las exigencias de Rema son la destitución del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula de la Mora; el retiro inmediato de la Policía Estatal y Municipal, y el deslinde de las responsabilidades en que incurren por acción u omisión.
Asimismo, la aplicación de la ley contra Carlos Guzmán y su grupo quienes impiden el ejercicio de gobierno de la Presidencia de Bienes Comunales de Zacualpan y generan corrupción, violencia y divisiones comunitarias.
Además de la entrega inmediata de las instalaciones del Ojo de Agua que mantienen bloqueada violenta e ilegalmente un grupo de comuneros, en la que la PGR tiene la obligación de acatar la resolución inmediata de desalojo.
También exige la liberación inmediata del secuestro del Presiente de Bienes Comunales, así como de los comuneros y comuneras, por parte del grupo de Carlos Guzmán, el gobierno estatal y municipal con uso y apoyo de la policía. Y la aplicación de la ley a los secuestradores.
La aplicación inmediata de las órdenes de aprehensión contra 11 comuneros que con lujo de violencia e impunidad amedrentan e impiden la normalización de las actividades de la Asamblea de comuneros de Zacualpan.
Auditoría inmediata del ejercicio de recursos públicos que recibió el anterior periodo que presidió Carlos Guzmán para beneficio de la comunidad, así como de los miles de miles de pesos recabados por la administración del Ojo de Agua, y cuyo paradero no se tiene conocimiento ni informe en Asambleas.
Por último la respuesta a la demanda entregada en la Secretaría de la Función Pública el día 07 de Abril de 2014, que exige con pruebas el deslinde de responsabilidad penal y administrativo contra la Delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera.