Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La diputada priista Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto presentó esta mañana el dictamen que reforma el Código Penal para el Estado de Colima en materia de cohabitación forzada, con el objetivo de armonizarlo con el Código Penal Federal, que fue incorporado como delito desde 2023.
Sobre el particular es de mencionar que el 25 de abril de 2023, el Congreso de la Unión publicó un decreto que adiciona al Código Penal Federal el delito de Cohabitación Forzada, con el fin de sancionar a quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una persona menor de 18 años o sin capacidad de comprensión, a convivir de manera constante y equiparable a la de un matrimonio, sea o no con su consentimiento.
Dicha reforma parte de los esfuerzos federales por proteger el interés superior de la niñez y erradicar prácticas nocivas que vulneran derechos humanos fundamentales.
Además, incorpora correctamente el principio del interés superior de la niñez en la legislación penal del estado, lo que fortalece su compatibilidad con el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales.
Al respecto, la diputada priista señaló que ninguna niña debe ser obligada a renunciar a su infancia, a sus sueños y a su libertad, por lo que indica que el dictamen representa la posibilidad de que las leyes dejen de guardar silencio ante esta situación. Manifiesta que la prohibición del matrimonio infantil no era suficiente, por lo que, con esta reforma, el Estado se obliga a reconocer y atender la problemática.
Si bien el matrimonio infantil se encuentra prohibido en México, persisten uniones forzadas o, de hecho, particularmente en zonas rurales o con alta marginación.
El nuevo tipo penal federal de cohabitación forzada busca sancionar estas conductas, aunque su redacción también abarca casos en que las relaciones entre adolescentes pudieran ser consentidas, lo que plantea la necesidad de interpretar su aplicación conforme a principios internacional.
Se determina que la penalidad propuesta para infractores es de uno a cinco años resulta jurídicamente viable.
Aunado a esto, el diseño del tipo penal incorporará agravantes específicas que permiten al juzgador individualizar la pena conforme a las circunstancias del caso concreto, evitando sanciones rígidas o excesivas.
En ese sentido, la propuesta no solo armoniza con el marco federal, sino que fortalece su aplicación mediante una técnica legislativa que garantiza certeza jurídica y previene interpretaciones desproporcionadas, reduciendo con ello el riesgo de impugnación por inconstitucionalidad.
Dicha iniciativa que fue presentada por Betzaida Pinzón a nombre de la fracción Parlamentaria del PRI en la Sexagésima Primera Legislatura Local, y aprobada por la mayoría de legisladores.