Los agentes son Nivardo Padilla Arceo, Jesús Padilla Arceo, Leopoldo Padilla Arceo, Víctor Manuel Padilla Arceo, Álvaro Milanés, Salvador Romero Rincón, Jorge Alejandro Torres González, Rodolfo Celestino Sepúlveda, Ramón Ponce Chávez, Heriberto González Contreras, Miguel Ángel Palomino Ibarra, Roberto Mendoza Castellanos, Edgar Alberto Orozco Larios, José de Jesús Martínez Rodríguez, Ángel Francisco González Vilches y J. Guadalupe Moreno Martínez.
Al respecto, Roberto Chapula de la Mora, presidente de la CEDH afirmó que la recomendación es por haberse demostrado la violación a los derechos humanos al trabajo, dignidad, legalidad y seguridad jurídica que se desprenden directamente de las actuaciones que integran el expediente relativo a la queja y por los razonamientos ahí establecidos.
Se recomienda a la procuradora general de Justicia, Yolanda Verduzco Guzmán, que los quejosos que dedicaron más de 15 años de su vida a laborar para la PGJE como agentes de procuración de justicia y el trabajo que venían desempeñando como trabajadores de confianza se les otorgue una pensión por el tiempo que sirvieron a la sociedad colimense.
“Por su despido y por el hecho de que no estaban empleados en la seguridad pública, se les restringió el derecho a alcanzar una jubilación por no alcanzar los 30 años de servicio y acreditar haber trabajado con la lealtad e integridad exigida por la norma respectiva”, dijo.
Señaló que esta recomendación es para que se haga el trámite ante las instancias correspondientes y al mismo tiempo se les sirva dictar las medidas correspondientes para evitar que el examen poligráfico se utilice en los padrones de selección del personal de seguridad en tanto no se encuentre regulada su práctica por la constitución política con el fin de proteger los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana y a las personas sometidas a esta prueba y por ser contrario a diversos tratados internacionales.
La CEDH le solicitó a la PGJE que en 15 días hábiles a partir de la emisión de la recomendación, diga si se acepta y dentro de los 30 días hábiles deberá entregar en su caso las pruebas correspondientes que ha cumplido con la misma.
“En caso de que no se acepte, la CEDH tendrá la libertad de proceder en los términos que establece la ley”, dijo.
Chapula de la Mora precisó que hay criterios de organismos competentes técnicamente experimentados que han expresados que la prueba poligráfica no puede ser confiable, maneja muchos factores y sobre todo por la presión psicológica de quienes son sometidos.
Agregó que hay otras quejas más de policías estatales, “nosotros tomamos como fundamento importante opiniones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde en su momento hizo una recomendación general a los estados y a la PGR para que analizaran plenamente los exámenes poligráficos porque hay instituciones como la Academia de Ciencia de los Estados Unidos del 2003 donde expresaban que no había la confiabilidad porque había errores en la práctica del mismo”.
La secretaría de Administración y Finanzas del gobierno estatal tendrá que hacer el cálculo de la pensión, consultarla con la PGJE y mandarla al congreso para su aprobación en su caso.
