Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Los adeudos que el Gobierno del Estado y el Poder Judicial mantienen con el Instituto de Pensiones (IPECOL) —casi 2 mil millones de pesos desde 1999, según el STSGE— exhiben un problema que va más allá de la falta de pago: un diseño institucional que pone al cobrador bajo el control político de uno de sus principales deudores.
La ley define al IPECOL como un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica y de gestión. En el papel, es independiente. En su diseño, su Consejo Directivo lo preside el secretario de Planeación, Finanzas y Administración del Ejecutivo, con voto de calidad, funcionario estatal que depende directamente de la gobernadora.
Ese Consejo designa al director general a propuesta de su presidente y puede removerlo libremente: el funcionario que administra las finanzas de uno de los deudores propone a quien debe cobrarle, y el órgano que preside puede removerlo sin causa.
La dependencia alcanza la cobranza misma. El director general no puede iniciar el procedimiento de ejecución, demandar a una entidad morosa ni presentar una denuncia sin autorización del Consejo. Cuando un crédito queda firme, la ley manda al Instituto pedirle a Finanzas que afecte las participaciones del deudor: el Gobierno tendría que ejecutar el cobro contra sí mismo. Eso no demuestra una orden de no cobrar, pero sí un conflicto de interés estructural: ningún gobierno tiene incentivo para cobrarse a sí mismo.
El problema se extiende al Consejo, donde votan las entidades patronales —Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial y municipios—, dos de ellas señaladas como deudoras. La Ley de Pensiones no prevé que se excusen al votar sobre sus propios adeudos. Por eso el decálogo sindical, que exige al director general cobrar “en uso de sus facultades”, apunta a un funcionario que depende de ese Consejo, donde los sindicatos tienen cuatro asientos: ¿qué han planteado y votado sobre los adeudos los representantes sindicales?
Según el informe 2025 del IPECOL, la efectividad de cobranza del Gobierno del Estado fue de 85.6%, frente a 94.12% del conjunto de entidades. El Poder Judicial, con un adeudo de 103 millones, paga 200 mil pesos al mes: tardará 43 años a ese ritmo pagar el adeudo. Lo anterior acredita un diseño institucional que tolera el rezago.
También está el factor humano: 17,221 trabajadores activos y 6,817 jubilados y pensionados. Si una entidad no aporta, su cuenta institucional se compromete, el Estado es garante y el IPECOL tiene prohibido endeudarse para cubrir el faltante.
La salida es una autonomía efectiva. Una reforma podría establecer convocatoria pública y mayoría calificada para elegir al titular; periodo fijo y remoción solo por causa justificada; una presidencia del Consejo que no recaiga en un deudor; excusa obligatoria al votar adeudos propios e informes públicos de cartera vencida.
Y es que quien tiene adeudos no debería controlar a quien debe cobrárselos. Las pensiones no se sostienen con discursos ni con buena voluntad, sino con aportaciones oportunas y cuentas claras.
Dos puntos
El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Érick González Sánchez, descartó emitir una declaratoria de emergencia para Tecomán, Manzanillo y Armería, pese a las inundaciones por el huracán Simón. Su balance reporta daños en viviendas, comercios y zonas costeras, sin fallecidos, lesionados ni desaparecidos. Queda por saber qué criterios se usan para declarar una emergencia y qué apoyos recibirán las familias afectadas.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
