TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana.
Practicar el periodismo en América Latina y México en particular, es una hazaña de grandes dimensiones. Los números sobre ejecuciones contra comunicadores son escalofriantes y convocan a establecer políticas formales de cuidado hacia la actividad periodística y sus practicantes. También es alto el récord de luchadores de derechos humanos que han perecido a manos de delincuentes.
Los últimos tiempos se han incrementado crímenes contra periodistas que cumplen el trabajo lícito de informar acerca de los acontecimientos del entorno, sin más paga que lo obtenido en las agencias, medios y redes sociales, aunque los “chayoteros” han enturbiado su reconocimiento absoluto. Y es por eso que, ante tantas muertes, se efectuó una marcha nacional de protesta el 25 de enero donde se hizo patente la desprotección para quienes se dedican al periodismo. En lo que va del actual régimen, han ejecutado a más de 50 comunicadores y se prevé que ese número aumentará si no hay una política pública decidida a resguardar a ese gremio.
Hay la certeza de que la suerte de los comunicadores no tiene la mínima importancia para el Estado, supuesto proveedor de seguridad y bienestar ( en teoría ). Las averiguaciones por crímenes contra periodistas tardan muchísimo tiempo en las fiscalías, hay expedientes que duran años como los integrados por la ejecución de dos destacados comunicadores que laboraban en La Jornada, que al final de sus páginas recuerda diariamente la injusticia latente y el fracaso oficial por no resolverlos.
En el sureste, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, han muerto defensores comunitarios de localidades indígenas y campesinos que reivindicaban el agua y la tierra, que se oponían a grupos criminales que les disputan territorios y recursos. Dirigentes de organizaciones civiles han evidenciado que los mecanismos protectores de esos activistas sociales solo contemplan la protección física, pero no desactiva los riesgos para ellos haciéndolos presa fácil de la delincuencia. En Colima solo una víctima el último año, por cierto.
La Secretaría de Gobernación (Segob) reconoció que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador en México han sido asesinados 43 periodistas y 68 personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 7 periodistas y 2 personas defensoras eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Esa misma dependencia, destacó que desde 2018 se ha incrementado al 80 por ciento el número de personas beneficiarias con un mecanismo proteccionista. Respecto al presupuesto que se ha brindado al susodicho Mecanismo, destacó que en los años 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos. Para poco ha servido esa millonada.
“En este 2021 se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un presupuesto total para 2021, de 416.6 millones de pesos”, detalló Segob. O sea, que el monto presupuestado para este año se disminuyó en más del 80 por ciento, lo que refleja lo escrito en párrafos anteriores.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a sus adversarios por “calumniar” su gestión en las cifras de asesinatos contra periodistas y defensores aunque últimamente se solidarizó por las amenazas de una periodista en Michoacán y la ejecución de otra más en Baja California. “Es una propaganda de nuestros adversarios. Es que se contabiliza todo con la aplicación máxima del hampa de la política y del periodismo de que la calumnia cuando no mancha, tizna”.
Pero al margen de todos los argumentos, las cifras indican que hay un pendiente en las políticas de protección a periodistas. Claro, es imposible ponerle un policía a cada uno de ellos, cuidarlos individualmente, cuidar sus casas, sus movimientos, sus negocios, sus relaciones, pero si tiene que responderse afirmativamente, protegiéndolos, cuando mediante sus reportes de inteligencia alguno de ellos trate temas escabrosos que impliquen afectación de intereses a grupos de poder. De nada sirve tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó.
Igualmente, el Estado debe poner rigor en las investigaciones sobre hostilidades o amenazas contra ellos. Los crímenes contra periodistas son punibles desde cualquier ángulo que se quiera ver, y también es muy delicado cuando desde el poder se trata de amedrentarlos. Su ofensiva contra ellos lastima la débil democracia que vivimos y hacen dudar sobre la existencia y viabilidad del Estado de Derecho.
El alza de la voz tiene que continuar y no descansar en que se haga conciencia del deterioro moral social que hay cuando se calla a los críticos y se minimiza su desaparición.
México tiene que acabar con esa mala fama de que es el país donde se hace presente la barbarie contra comunicadores en términos increíbles , pero antes el Estado tiene que dar con la tecla y establecer programas efectivos de protección y castigar con todo el peso de la ley a quienes los violenten.