* Fracción del PRI-PANAL la presentará en la próxima sesión ordinaria del congreso del estado
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Las fracciones del PRI y el Partido Nueva Alianza en el congreso presentarán el próximo 1 de octubre, cuando se realice la siguiente sesión ordinaria, su propuesta de reforma política en forma conjunta que contempla la reducción de los ayuntamientos, la ampliación de periodo de alcaldías y la disminución de diputados en el congreso del estado.
En rueda de prensa, el diputado priísta Martín Flores Castañeda, coordinador de la bancada tricolor, adelantó que proponen que hasta 4 legisladores, que podrán ser 3 plurinominales y 1 de mayoría, podrían ser eliminados para componer la legislatura de 21 representantes populares.
Además, plantean elevar el porcentaje que para que los partidos políticos puedan acceder a un espacio de representación proporcional de 2.5% a 3.5% de la votación efectiva, y que para mantener el registro de un partido político se necesite el 3% en lugar del 2% de la votación efectiva.
Señaló que la redistritación se llevará a cabo por el Instituto Electoral del Estado (IEE) ampliando sus facultades técnicas y operativas, con lo que se le quitará la responsabilidad al poder legislativo de llevar a cabo tal actividad.
En el caso de los ayuntamientos como Ixtlahuacán y Minatitlán, la propuesta es que sus cabildos se reduzcan a 5 regidores, un síndico y el presidente municipal; para Comala, Armería, Coquimatlán y Cuauhtémoc, serían 7 regidores más síndico y alcalde; Colima, Villa de Alvarez, Tecomán y Manzanillo, de 9 regidores más sindico y presidente municipal.
Otros cambios propuestos serían en el Tribunal Electoral del Estado para elevar de 25 a 35 años la edad para ser magistrado y legalizar la reelección.
La agenda legislativa para el inicio de este periodo ordinario de sesiones, que comenzará el 1 de octubre, también contempla la discusión de una ley anticorrupción, el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, y el análisis de una ley de responsabilidad hacendaria para la contratación de deuda pública.