*La industria salinera y la actividad pesquera que se realiza en la Laguna de Cuyutlán están siendo amenazadas por el Proyecto de Nuevo Puerto de Manzanillo.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Luego de haberse realizado el pasado miércoles una manifestación en protesta contra la ampliación del puerto de Manzanillo sobre la Laguna de Cuyutlán, por considerar que la construcción y operación de ese megaproyecto del gobierno de Claudia Sheinbaum provocará la destrucción de los ecosistemas existentes en torno a ese vaso lacustre, organizaciones defensoras del medio ambiente divulgaron un “Manifiesto en defensa de la Laguna de Cuyutlán”.
En dicho documento, los ambientalistas advirtieron que ese cuerpo lacustre se encuentra amenazado por un proyecto que pretende convertirlo en un puerto industrial, destruyendo uno de los ecosistemas más valiosos del país.
“La Laguna de Cuyutlán —señaló el documento— no es un terreno baldío, ni un espacio vacío que pueda venderse al mejor postor. Es un santuario de aves migratorias, un humedal vital para el equilibrio ecológico de toda la región, el corazón natural de Colima”.
El documento en cuestión señala que en sus aguas “se forjó una de nuestras tradiciones más antiguas: la producción artesanal de sal, reconocida como una de las mejores del mundo, herencia viva de generaciones que han trabajado el sol y el mar para darnos un producto único, símbolo de identidad y de orgullo colimense”.
De acuerdo con el pronunciamiento, de la industria salinera y la actividad pesquera que se realiza en la Laguna de Cuyutlán dependen cientos de familias que están siendo amenazadas, perseguidas y engañadas.
“Denunciamos la violencia y la intimidación que diversas instancias de gobierno han ejercido contra pescadores, líderes comunitarios y ciudadanos que han alzado la voz; no se puede hablar de progreso mientras se reprime y se silencia a la gente”.
En el documento exigen “el respeto absoluto al derecho constitucional a un medio ambiente sano, tal como lo establece el artículo 4º de la Constitución Mexicana y el Acuerdo de Escazú”.
También rechazaron la “consulta en línea” que hizo la Semarnat sobre el proyecto, pues se trató de “un proceso fraudulento, excluyente y antidemocrático que impide participar a quienes no tienen acceso a las herramientas e información necesarias, precisamente los más afectados por este proyecto”, por lo que exigieron “una consulta presencial, transparente, supervisada por la sociedad civil, y no por las mismas autoridades que buscan imponer el puerto”.
También que la zona de la laguna alberga vestigios arqueológicos prehispánicos que han sido ignorados en los estudios de impacto ambiental, ante lo cual exigieron que se detengan las obras hasta que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) garantice el rescate y la protección del patrimonio histórico.
“Nos oponemos a que se fragmente el proyecto en múltiples estudios para esconder su verdadero impacto; ya se iniciaron obras ilegales sin permisos, se aprobaron bardas perimetrales sin consulta y se publicaron licitaciones antes de que terminara el proceso público. Todo esto demuestra que el gobierno y las empresas ya decidieron destruir la laguna, aunque la ley y el pueblo digan lo contrario”.
Así también, responsabilizaron a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a la Secretaría de Marina y la Administración Portuaria de Manzanillo, de “cualquier acto de represión, intimidación o violencia contra quienes defendemos este territorio, porque este movimiento no es de una organización, es del pueblo entero”.