Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
La absolución de Pío López Obrador por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye un golpe directo a la credibilidad de las instituciones del Estado y enloda la imagen de los órganos jurisdiccionales.
De entrada, el tribunal electoral aprobó el proyecto que absolvía al hermano del ex presidente sin que los magistrados entraran a discutir el asunto jurídico de fondo; es decir, no transparentaron su decisión para conocer los argumentos racionales y jurídicos con los cuales sustentaban esta determinación de exculpar a Pío López Obrador.
En ese sentido, las y los magistrados no hicieron su chamba, porque nos deben a las y los mexicanos una explicación de por qué o con qué argumentos técnico jurídicos no se actualiza el delito de financiamiento ilícito, en un contexto electoral, cuando se recibe dinero en efectivo, a escondidas y con el fin, ya confesado, de aportarlo a un movimiento.
¿Por qué no tiene valor probatorio suficiente la constatación en video de una persona recibiendo dinero en sobres y los audios en los que se le escucha diciendo que es para el movimiento? Si esas pruebas contundentes no tienen valor probatorio, ¿entonces cuáles sí?
Hay un hecho que nadie puede negar: millones de mexicanos vieron las imágenes. Vieron los sobres, vieron la entrega de dinero y escucharon después al propio Andrés Manuel López Obrador reconocer que esos recursos eran “aportaciones” para su movimiento.
Con esto, el precedente que se construye es profundamente regresivo. Se normaliza la idea de que recibir dinero en sobres, sin transparencia ni fiscalización, puede quedar impune bajo criterios formales. ¿Dónde quedan entonces las autoridades electorales, los órganos fiscalizadores, los presupuestos destinados y las autoridades cuya responsabilidad es vigilar el uso de recursos en campañas?
¿Para qué tanta parafernalia institucional y leyes publicadas si en los hechos son inoperantes? El caso trasciende a la persona. No se trata sólo de Pío López Obrador, sino del sistema. De un entramado institucional que, frente a un asunto que involucraba al círculo más cercano del poder, optó por una interpretación que favorece a los intereses cupulares.
Y como si no fuera suficiente, la historia da un giro aún más preocupante. Tras ser absuelto, el propio Pío López Obrador anunció una demanda por 200 millones de pesos contra el periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió los videos.
Así, hay un efecto inhibidor del periodismo crítico. Porque cuando se castiga —o se intenta castigar— al periodismo y se exculpa al poder, se invierte la lógica democrática: el escrutinio deja de ser una herramienta de control ciudadano y se convierte en un riesgo para quien lo ejerce. El mensaje es sencillo: si te enfrentas a los poderosos habrá consecuencias.
Dos puntos
La absolución de Pío López Obrador, por sentido común, no tiene un sustento jurídico, ni político, ni mucho menos moral. Es simplemente insostenible. Y en un país donde la corrupción ha sido uno de los principales reclamos sociales, este tipo de resoluciones no sólo generan indignación y desconfianza del estado mexicano, sino también desesperanza.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.