*Tres casos están acreditados por la Comisión de Derechos Humanos; ninguna ha derivado en sanción *Las quejas en 2014 ascienden a 350; el año pasado fueron 340, señala el diputado panista
Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Las quejas de tortura contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta el primer semestre de 2014, ya superaron a las del año pasado donde las principales víctimas han sido jóvenes y discapacitados.
Así lo dio a conocer el diputado panista, Fernando Antero Valle, con base en un informe realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en donde asentó que se han emitido tres recomendaciones donde se acreditó la tortura pero no ha habido sanciones para ningún servidor público.
Recalcó que hasta junio de este año, las quejas han ascendido a 350 mientras que en todo el año pasado fueron 340 lo que prevé que al mes de diciembre el número de casos pueda llegar a 700 “Vemos cómo la autoridad estatal, principalmente la PGJE y la SSP son las responsables y no hay sanciones hasta la fecha”, dijo.
Sostuvo que el 30% de estos casos son contra menores de edad, otro 34% son jóvenes entre 18 y 29 años mientras que se ha acreditado otro número de personas que padecen alguna discapacidad mental o física que también han sido torturados.
La práctica de la tortura se comete en espacios habilitados dentro de las instalaciones de la PGJE donde no hay acceso a lo que el diputado llamó “centros de detención clandestinos”.
Los elementos de estas corporaciones agreden física y mentalmente al indiciado, lo incomunican e interrogan sin la presencia de su abogado, lo que constituye una violación a sus derechos humanos y tratados internacionales que el país ha firmado, sostuvo el panista.
Por ese motivo propuso reformas a la Ley Estatal para la Prevención de la Tortura y a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para que la CEDH tenga mayores elementos de prevención de esta práctica y vigilancia de las detenciones policiacas.
También se propone incrementar las penas contra aquellos servidores que torturen a personas con discapacidad o menores de edad.
Además, de que se implementen sistemas de videovigilancia en todos los centros de detención para observar el actuar de los elementos de estas corporaciones.