PGJE Colima Niega Información Sobre Secuestros

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    Y es que de acuerdo con el instituto, las procuradurías de justicia del país proporcionaron datos diferentes de los que reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

    Se les solicitó incidencia de secuestros, número de detenidos, consignados, victimas liberadas, mutiladas o asesinadas, pagos de rescates, consignaciones, procesos y sentencias.

    «Es muy difícil comprender que en un delito tan grave no tengan información sistematizada pero, comprobamos que así es, en un altísimo número de procuradurías».

    Para realizar el estudio se utilizaron cuatro fuentes:

    -Cifras proporcionadas por las procuradurías sobre los secuestros registrados de 2007 a 2009.

    -La estadística oficial del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2007 y 2008.

    -Análisis hemerográfico de 33 periódicos.

    -Relatos de víctimas a través del portal del ICESI.

    El instituto reveló que sólo 12 de las 32 procuradurías del país proporcionaron toda la información.

    Diez entregaron información incompleta, cinco se comprometieron pero, no lo hicieron y,  cinco mas se negaron abiertamente a entregarla.

    «Las cinco procuradurias que se negaron a proporcionar información fueron Colima, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Puebla».

    Con la información obtenida, se evaluó a 19 procuradurías por su actuación en 2007 y a 11 en 2008.

    «En 2007 quien tuvo la mayor tasa de secuestros por cien mil habitantes fue el DF, con 1.38. Con un total de 122 secuestros», afirmó José Antonio Aguilar del ICESI.

    San Luis Potosí alcanzó la calificación más alta en ambos años con un buen desempeño en el combate al secuestro.

    En 2008 el estado con mayor índice de secuestros fue Aguascalientes, con 19, lo que equivale a 1.68 por cada 100 mil habitantes.

    Campeche y Yucatán no registraron plagios.

    En 2009, solo ocho procuradurías de las 32 entregaron información al ICESI.

    El ICESI propuso agilizar la creación de las unidades antisecuestro, la expedición de la Ley General contra el Secuestro e internar a los secuestradores en penales de alta seguridad.

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