Periodistas Piden a Mario Cambios en la PGJE y en la PEP

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    JORNADAS DE SEGURIDAD EN COLIMA. PONENCIA PRESENTADA POR JUAN RAMÓN NEGRETE JIMÉNEZ, DE LAS POCAS QUE VALE LA PENA TRANSCRIBIR TEXTUALMENTE. MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE.  CASA DE LA CULTURA.

    Juan Ramón Negrete Jiménez
    Secretario Regional del Comité Ejecutivo Nacional
    De la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX)

    Hablar de seguridad es hacerlo de uno de los temas más candentes no solo en la entidad, sino en todo el país, pero que en Colima requiere de una especial atención por los hechos que se han estado registrando los últimos meses.

    Desde mi particular punto de vista, el problema de la inseguridad se ha agravado derivado de diversos factores, entre ellos, la descoordinación que prevalece entre las instituciones de los tres niveles de gobierno, aunque se afirme lo contrario.

    De acuerdo a la información que se conoce el llamado C4, se encuentra convertido en una agencia de colocaciones a donde han llegado los amigos y colaboradores, que ya no fue posible encontrarles acomodo en otras áreas. Los mandan ahí sin que tengan la más remota idea siquiera de lo que significaba C4.

    Eso ha provocado que haya una completa descoordinación entre ese Centro, que debería ser el cerebro de las operaciones y todas las instituciones, ya sean de seguridad pública, de auxilio y protección civil.

    Todo producto de la improvisación en una de las áreas neurálgicas de mayor trascendencia para el Gobierno.

    La población no concibe que mientras en todo el estado las acciones delincuenciales van en aumento, lo mismo de robos a casas-habitación, los cristalazos a los vehículos, el robo de automotores, las “tienditas” donde se da el narcomenudeo, el pandillerismo y la drogadicción, por citar algunas, las casetas de vigilancia, que estaban colocadas de manera estratégica en entradas, salidas y diversas colonias, están abandonadas.

    Esas casetas de vigilancia cumplían una función específica, ya que de alguna manera frenaban, o cuando menos le pensaban más, a esas personas antes de cometer alguna fechoría.

    Por otra parte se empieza a hablar de crear comités en donde participe la población, cuando hasta la administración anterior fueron impulsados los Comités Ciudadanos en Seguridad Pública, ¿qué sucedió con ellos?, pareciera que desaparecieron de un plumazo, ¿se están dejando de lado porque fueron creados por otra administración gubernamental?.

    Mientras la inseguridad va en ascenso, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que es de donde deberían surgir las directrices para hacer frente a este problema no se avanza al mismo ritmo.

    Considero que para tratar de revertir el grave problema de la inseguridad que existe en México, no solo en Colima, se debe cambiar la estrategia, ya que hasta ahora se habla de destinar más recursos para adquirir armamento, equipo de protección, vehículos, cartuchos, pero nunca se habla de cuánto se destina o se debería destinar a atacar las causas que originan esa inseguridad, es decir, se están haciendo las cosas al revés, se atacan los efectos y se dejan de lado las causas.

    En el ataque a esas causas el Estado debería reducir la carga tributaria, para que los empresarios al ser estimulados con menos impuestos generen más empleos, sin embargo aquí hasta el momento se hacen las cosas al revés.

    Asimismo creo que las policías preventivas no deben eliminarse, como al parecer es el propósito, ya que ellos vienen a ser el primer filtro contra la delincuencia. Ya los presidentes municipales manifestaron su inconformidad de que formen parte de la policía única.

    Ante todo este problema de la inseguridad los periodistas necesitamos, para poder cumplir la encomienda que tenemos con la sociedad, que se procuren las condiciones para poder desarrollar nuestra labor en las mejores condiciones.

    ¿Cómo puede ejercerse la libertad de expresión en un estado donde no se aportan las mínimas garantías a los periodistas para el desempeño de su trabajo?.

    No se puede hablar de que está garantizado el derecho a la información, ni a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos en general, cuando el Estado no aporta las mínimas garantías para ello y no se tienen ni las leyes, ni las instituciones capaces de proveer las condiciones para garantizar ese derecho constitucional.

    Si un Estado ha renunciado a otorgar seguridad y protección a los ciudadanos y periodistas, no puede esperarse mucho de que haga una realidad el derecho de acceso a la información pública, cayendo en una opacidad y en una simulación institucional.

    A ello hay que sumar el hecho de que las empresas periodísticas no brindan las condiciones mínimas consagradas en la ley para ofrecer los satisfactores mínimos a los periodistas para ejercer su labor.

    Los bajos salarios que perciben los reporteros los orilla a tener que laborar en más de una empresa para obtener unos pesos más.

    Esto deja a los periodistas en un estado vulnerable ante los poderosos grupos económicos que se están moviendo en el estado, que se aprovechan de esta circunstancia para cooptar a los periodistas, donde muchos se enganchan, por ignorancia algunos y por desesperación otros.

    El poder corruptor de esos grupos es tal que hasta descarada se ve la manera en que se desenvuelven, ante la complacencia de propios y extraños, sin que haya quien intervenga.

    No se debe perder de vista que una prensa libre es condición fundamental en todo Estado democrático. No existe una sociedad libre, con medios de difusión atados, silenciados o amordazados, que se ven obligados a callar por el temor de caer de la “gracia” de las autoridades y verse perjudicados en lo que es su principal fuente de ingresos: la publicidad oficial.

    Sin las garantías del binomio libertad de expresión y derecho a la información, no puede existir una sociedad informada, actuante, participativa, que ejerza a plenitud sus derechos y obligaciones.

    Podemos señalar que son varios los factores que atentan contra los comunicadores  que por distintas circunstancias hemos ido perdiendo espacios, por lo que se requiere de nuevas iniciativas y condiciones de seguridad.

    En el ejercicio de nuestra profesión los periodistas nos vemos obligados a buscar información fuera de las esferas oficiales, por el hermetismo y las restricciones para acceder a ella, principalmente en las dependencias que tienen que ver con la seguridad, como son la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado la Policía Estatal y las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.

    Cuando los medios dan a conocer un hecho, aún cuando el Estado negó esa información bajo cualquier pretexto, luego arremete contra los medios o los periodistas, acusándolos de mentirosos, cuando ellos no cumplieron con la función que tienen asignada de allegar o facilitar el acceso a la información veraz y oportuna.

    En la crisis de inseguridad que estamos padeciendo en el estado un segmento de la población cree que existe cierta complicidad ya que la autoridad es la única que no ve a quienes se dedican a actividades poco claras, sin que se puedan entender los compromisos que hay.

    Ese segmento de ciudadanos considera que en Colima no se puede hablar de seguridad cuando al frente de la Policía Estatal Preventiva no hay una persona preparada para el puesto, ya que no cuenta con la formación que exige el cargo y las circunstancias.

    El amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo son palpables, por lo que deben erradicarse de estas áreas tan sensibles para el estado.

    En esas áreas los cargos deben ser ocupados por personas con una formación bien definida, si bien no militares en activo, sí con una disciplina y conocimientos sobre manejo de armas, de personas, de estrategias, que vayan un paso adelante de cómo piensan los grupos delincuenciales. Esa formación no se improvisa, se adquiere.

    Por otra parte en Colima no se puede hablar de seguridad cuando no hay una justicia pronta y expedita, cuando es palpable, de acuerdo al sentir de quienes tienen necesidad de acudir a realizar algún trámite, la incompetencia  de los ayudantes de los Agentes investigadores del Ministerio Público, o cuando quienes fungen como oficiales secretarios, apenas son pasantes en derecho y consecuentemente no poseen ni los conocimientos, ni la experiencia para la responsabilidad que se les asigna, por tanto no se profundiza en la Procuración de Justicia, así como lo exige la impartición de justicia.

    El sentir de muchas personas, es que parte de la inseguridad que se está viviendo en el estado se deriva de los vicios que se han empezado a generar en la Procuraduría General de Justicia, producto del largo tiempo que lleva en el cargo su titular.

    En este, como en muchos otros cargos, son benéficos los cambios, porque por muy bueno que sea un funcionario, con el paso de los años, si no hay esa oxigenación se termina cayendo en la indolencia. Las trabas burocráticas que se están padeciendo en la actualidad son parte de eso.

    Quienes tienen necesidad de acudir a esa dependencia señalan que de nada sirve la modificación de leyes si antes no se sanea la procuración de justicia.

    No se puede hablar de seguridad cuando la autoridad no garantiza los derechos a la vida, al patrimonio, al salario digno, al derecho a la información, ni tampoco se hace efectivo el derecho de acceso a la información.

    Se observa que el Gobierno prefiere hacer negocios con las empresas periodísticas a través de contratos de publicidad, que cumplir con su función de garantizar el acceso a la información y el derecho a estar informado, propiciando con ello la censura o la autocensura por el miedo de los empresarios o dueños de los medios, a verse castigados por no acatar la línea que se les impone desde las oficinas gubernamentales.

    Como periodistas nuestra preocupación es que la inseguridad lejos de disminuir, se va a incrementar en los días o semanas por venir.

    Y no se va a controlar con la adquisición de armamento más sofisticado, ni con vehículos más potentes, porque eso servirá solamente para que se maten entre los propios elementos de las corporaciones. Ya lo vimos en la práctica donde, de acuerdo al boletín oficial, policías chocaron entre sí en unidades oficiales por falta de pericia en un hecho reciente.

    Más que erogar grandes cantidades de recursos en adquirir armamento y unidades, se debe invertir en crear un centro de capacitación para formar un cuerpo de inteligencia, que esté investigando lo que ocurre, que detecten cómo se están moviendo los grupos delincuenciales y que en vez de llegar a enfrentamientos con los delincuentes, se les detenga antes, producto de esa labor de inteligencia.

    Ante el incremento de la inseguridad, debe trabajarse en un manual de seguridad pública para los periodistas y brindar capacitación a éstos últimos para enfrentar momentos de riesgos.

    Aquí mi permito informarle señor Gobernador, que el pasado 15 de agosto, en la ciudad de México, las 110 agrupaciones de periodistas de todo el país que conformamos la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), aprobamos el PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS EN SITUACION DE ALTO RIESGO.

    Este es un documento único en su tipo en México, el cual tuvo su origen en el Estado de Chihuahua, donde los periodistas de aquella entidad viven una preocupante escalada de violencia.

    Queremos que este documento sea de obligada lectura y práctica de todos los periodistas, ya que en la actualidad y no sabemos por cuanto tiempo, desempeñamos una de las profesiones más riesgosas, dicho esto por organismos internacionales.

    En este PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS EN SITUACION DE ALTO RIESGO, se contemplan los procedimientos de seguridad para la cobertura de sucesos de alto riesgo.

    Ahí se incluyen Recomendaciones Generales; Recomendaciones específicas en la búsqueda de información; Recomendaciones específicas para la publicación; Recomendaciones específicas para en caso de artefactos explosivos; Recomendaciones específicas para en caso de amenazas; Recomendaciones específicas en casos de atentados; Recomendaciones específicas en caso de secuestro; Recomendaciones específicas en caso de hostigamiento por parte de elementos de la fuerza pública; Recomendaciones específicas en caso de protestas y desorden civil.

    Asimismo contempla el procedimiento de flujo de la información.

    Señor Gobernador, los periodistas no solo criticamos, también proponemos, por eso entregaré a usted una copia de este PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS EN SITUACION DE ALTO RIESGO, para que a la brevedad usted convoque a todas las organizaciones de periodistas del estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a las áreas de su gobierno que tienen que ver con la Procuración e Impartición de Justicia, a la Secretaría General de Gobierno, las Coordinaciones de Comunicación Social tanto del Gobierno del Estado, como de las distintas dependencias de seguridad que operan en la entidad y de los Ayuntamientos, para que juntos analicemos este documento y lo adecuemos a las necesidades del Estado, toda vez, que el Protocolo que se presenta se diseñó para un estado con graves problemas de inseguridad para los periodistas, como es Chihuahua.

    Si bien es responsabilidad del Estado garantizar medidas de seguridad para el ejercicio de la libertad de prensa, resulta  inaplazable que las personas encargadas de las redacciones y las mesas de información, los dueños de los medios y en particular quienes ejercen la libertad de prensa, adopten medidas concretas que permitan continuar informando a la sociedad en condiciones de seguridad, esto es, trabajar en la autoprotección.

    Este Protocolo viene a ser el ABC de la actuación, es un esfuerzo por adoptar el conocimiento preexistente en materia de seguridad para periodistas y comunicadores y comunicadoras.

    El riesgo forma parte de la epidermis de reporteros, fotógrafos, camarógrafos y todos aquellos que trabajan en la generación, difusión y distribución de noticias.

    Si hubiera un barómetro con escalas de peligro, el foco rojo estaría siempre encendido para quienes indagan corrupción, crimen organizado, conflictos sociales y todo aquello que cuestione un poder y no se quiera dar a conocer, sino esconder.

    Para la elaboración de este Protocolo, sirvió como documento base fundamental el “MANUAL PARA LA PROTECCION DEL PERIODISTA”, elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, específicamente su apartado de cobertura de sucesos de alto riesgo y la creación, constitución y funciones del Comité de Reglamentación y Riesgo.

    También ayudó el contenido “Guía práctica  de reporteros”, de la organización Reporteros sin Fronteras. Asimismo se utilizaron ordenamientos internacionales como protocolos y convenciones relativos en la materia.

    El principio básico del PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA PERIODISTAS EN SITUACIONES DE ALTO RIESGO, es el convencimiento entre autoridades, periodistas, medios de comunicación y sociedad, de la importancia de proteger dicha actividad, pilar en el sistema democrático, sujetando la actuación de unos y otros, no solo el marco legal, sino a sólidos principios éticos.

    Ojalá en Colima, señor gobernador, lo apliquemos cabalmente.

    Antes de concluir solo quiero compartir con ustedes algunas cifras en materia de atentados en contra de los periodistas. De 1983 a la fecha han sido asesinados 111 periodistas en todo el país, de ellos 45 periodistas han sido asesinados en los 46 meses del presidente Felipe Calderón; del año 2000 a la fecha, durante los gobiernos emanados de la derecha, 15 periodistas han sido secuestrados, de ellos, tres aparecieron muertos y 12 continúan desaparecidos sin rastro de ellos.

    De acuerdo a reportes de diversos organismos internacionales y nacionales el 36% de los asesinatos han sido ordenados por funcionarios; el 28% por afectaciones económicas y solamente el 6% han sido ligados al crimen organizado.

    Entonces los periodistas debemos tener más miedo a los “buenos”, que a los “malos”, porque los “buenos”, no quieren que se sepa que andan en cosas malas, por ello agreden, secuestran o asesinan, cuando un periodista los descubre ante la sociedad.

    Mientras que los “malos” se ufanan de serlo y entre más hablen los medios de ellos, mayor prestigio adquieren en el círculo en que se desenvuelven.

    En lo que se refiere a las agresiones en contra de periodistas de prensa escrita, radio, televisión y medios digitales el año anterior se presentaron cerca de dos mil casos, los cuales se hicieron públicos a través de las distintas organizaciones de periodistas, aunque no todos pudieron ser documentados, ni todos denunciados. Aquí Colima aportó su cuota de agredidos.

    Señor Gobernador:

    Los periodistas no somos enemigos del gobierno, el hecho de que estemos publicando lo que sucede en la entidad, es parte de la responsabilidad que tenemos conferida como comunicadores. Queremos que nos vea como sus aliados en este combate contra la delincuencia haciendo nuestro trabajo.

    No es con nosotros con quien el Estado tiene que pelear, nosotros solo tratamos de hacer nuestro trabajo para lo cual pedimos las facilidades. Es lo único que demandamos.

    No permitamos que la inseguridad se apodere de nuestros barrios, colonias, municipios y comunidades. Por eso se debe redoblar el llamado a la sociedad civil para que cierre filas en torno a nuestras autoridades.

    No dejemos que las balaceras, los ajustes de cuentas entre los grupos delincuenciales, las personas degolladas, los levantotes, los enfrentamientos en calles, avenidas y establecimientos, sean el comun denominador. No perdamos nuestra capacidad de asombro.

    Es tiempo de actuar. La impunidad solo genera más violencia.

    Si dejamos que eso ocurra los resultados pueden ser desastrosos.

    La seguridad no es cosa de juego.

    No es el futuro el que está en riesgo, sino el presente el que debe motivarnos a actuar.

    Si caemos en la simulación, en el dejar hacer, dejar pasar, la factura que paguemos puede ser muy elevada. Aún es tiempo de actuar.

    Para finalizar me permito señalar que todo lo que se haga en materia de protección y seguridad para los periodistas y comunicadores, no será infructuoso si eso ayuda a preservar la integridad física del periodista o de sus familias.

    No hay que olvidar que cada que muere un periodista, no solo se está segando una vida, sino que se cierra una puerta para que la sociedad se exprese por un lado y por el otro para que se le informe de lo que sucede en su entorno.

    Pongamos en práctica todas estas medidas antes de que sea tarde. No esperemos a que en Colima asesinen al primer comunicador para actuar.

    Colima, Col., 1 de Septiembre de 2010

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