El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Abogados al Servicio de México (Fenasem), sostuvo que “desde el punto de vista jurídico la anulación de la elección presidencial es imposible”.
Romero Apis, ex subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, en entrevista detalla una serie de procedimientos que serían imposibles de cumplir por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, partiendo de tener que entrevistar a 70 millones de electores para conocer quiénes fueron las cinco millones de personas que vendieron su voto a favor de Enrique Peña Nieto, como lo afirma López Obrador.
“Ésta sería una prueba además ilícita, porque en los términos constitucionales el voto es secreto; luego entonces, ninguna autoridad puede inquirir a un ciudadano sobre el sentido en el que emitió su voto. Además de que ninguna autoridad puede llevar registro, padrón, censo, bitácora ni expediente de por quién votaron los electores mexicanos y por tanto el Tribunal no puede darle efectos jurídicos a esa declaración de voto.”
De acuerdo con el abogado, todo proceso civilizado y moderno, sobre todo los procesos sancionatorios, que tienen por objeto una sentencia de sanción, o una sentencia revocatoria, como es la impugnación que hizo el Movimiento Progresista sobre la elección presidencial, “tiene que estar forzosamente basado en pruebas, no puede emitirse una sentencia sin pruebas, precisamente que corroboren el dicho del demandante”.
Señaló que López Obrador alega que aproximadamente cinco millones de electores fueron comprados con dinero por Enrique Peña Nieto o por la coalición del PRI y el Verde Ecologista que postuló al ex gobernador del Estado de México a la Presidencia de México, y que ello llevaría, según dicho de López Obrador, a una anulación de esos cinco millones de votos.
“Con ese supuesto cambiaría la ecuación de los números de la elección del pasado 1 de julio y provocaría la anulación de la elección presidencial, con el objeto, dado que para el día 1 de diciembre no habría presidente electo, que se aplicara el dispositivo constitucional de transmitir el poder a un presidente transitorio, designado por el Congreso, ya sea con el carácter de provisional o interino. Lo cual no puede suceder”, afirmó Romero Apis.
En apego a la legalidad, dice el abogado, para que López Obrador pueda hacer prosperar su demanda necesitaría en primer lugar contar con una prueba que es física y, diría, es casi humanamente imposible, que son las declaraciones de cinco millones de electores mexicanos, que según López obrador fueron comprados.
“Estos cinco millones no podrían ser computados a través de una muestra de 200 o de 500 electores, no, tendrían que declarar los cinco millones, con lo cual se formaría un expediente de unas 30 a 50 millones de fojas y que llevaría varios años el poder integrarlo” y que sería mil 250 veces más grande que el expediente de las explosiones en Guadalajara, en 1992, que conoció Romero Apis.
Aclaró que el juicio de inconformidad que está llevando a cabo el Tribunal Electoral por la demanda de López Obrador “es un juicio que no tiene efectos suspensivos, es decir, la vida sigue igual mientras no exista una sentencia, lo cual lleva a que Peña Nieto podría tomar posesión, terminar su mandato y todavía siendo ex presidente el Tribunal no tendría que haber emitido una sentencia”.
El jurista afirmó que aunque tuvieran las pruebas a las que se refirió sería insuficiente, porque no basta decir que alguien fue comprado por un partido, sino que es necesario que se coligue esta declaración con el hecho cierto y real de que efectivamente esos cinco millones de personas votaron por ese partido.
“En este paso la prueba ya se vuelve imposible, dado que la boleta de elección es innominada, de tal suerte que nadie, ni siquiera esos cinco millones de electores podrían determinar y comprobar fehacientemente que votaron por el que les dio dinero”, señaló.
Afirmó que hay más insuficiencias en el caso, ya que habría que demostrar lo que jurídicamente se llama nexo causal, es decir, se explica, que el comprado o el sobornado votó por el motivo determinante del dinero, que votó por el PRI o Peña Nieto porque le dieron dinero, que no votó porque le cayera bien, que no votó porque fuera priista, sino que el motivo determinante de su voto fue el dinero, porque de lo contrario él hubiera votado por otro candidato.
Romero Apis además apela a que es una prueba inverosímil, puesto que se dice que a cada elector le dieron de mil a 3 mil pesos por voto, lo que representaría aproximadamente 15 mil millones de pesos. “Una cantidad así, extraída de los bancos, manejada en efectivo, distribuido, es un fenómeno muy difícil de no notarse en el flujo financiero y circulatorio de dinero mexicano”.
Finalmente apunta con una aclaración: “Parece cínica, pero la ley mexicana no es clara en el hecho de que haber recibido dinero por un voto anule el voto, el hecho de que yo haya recibido un regalo, que haya recibido una promesa o un beneficio deje sin efecto mi voto”.
