Por: Ángel Durán Pérez
La democracia no se reduce a depositar un voto en las urnas cada cierto tiempo.
Es un sistema que exige participación continua, crítica y organizada de la ciudadanía para funcionar.
En Colima, este principio no solo es una aspiración, sino un derecho humano reconocido en la Constitución local y desarrollado en la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Colima.
Sin embargo, el verdadero desafío no está en la letra de la ley, sino en construir una cultura que transforme el derecho en acción colectiva.
La Constitución colimense y su ley secundaria establecen que toda persona tiene derecho a intervenir en el quehacer público, ya sea de manera individual o colectiva.
El artículo 3° de la ley es claro: los ciudadanos pueden —y deben— involucrarse en la formulación, evaluación y vigilancia de políticas, programas y decisiones gubernamentales.
No es un simple gesto de buena voluntad, sino un mecanismo diseñado para evitar que el poder se concentre en unos pocos y garantizar que las autoridades actúen con transparencia y eficacia.
El problema radica en que, pese a este marco jurídico, predomina una brecha entre el derecho y su ejercicio.
Muchos ciudadanos desconocen estas herramientas o carecen de la organización necesaria para utilizarlas.
No se trata de ofrecer ayuda “a ciegas”, como si fuéramos meros espectadores de la gestión pública, sino de participar con fundamento, exigiendo que las autoridades rindan cuentas y abran espacios de colaboración.
La Ley de Participación Ciudadana establece mecanismos concretos para materializar este derecho.
El artículo 14 contempla instrumentos como las iniciativas populares, las audiencias públicas, el plebiscito, el referéndum y las contralorías sociales.
Uno de los más relevantes es el presupuesto participativo, que permite a los vecinos de una colonia o municipio proponer proyectos —como la construcción de una cancha o la rehabilitación de un parque— y exigir que se destine parte del presupuesto municipal a estas necesidades.
También existen los consejos ciudadanos y las asambleas, espacios donde la sociedad puede deliberar y presentar propuestas estructuradas.
Estos mecanismos no son simbólicos: están respaldados por procedimientos legales que obligan a las autoridades a responder.
Por ejemplo, si un ayuntamiento rechaza sin justificación un proyecto ciudadano avalado por la ley, es posible impugnar esa decisión ante instancias administrativas o judiciales.
La ley impone obligaciones claras a los gobiernos municipales y estatales: deben fomentar y garantizar el derecho a participar.
No basta con no obstaculizarlo; están obligados a difundir los mecanismos existentes, capacitar a la ciudadanía y crear canales accesibles de colaboración.
Sin embargo, en la práctica, muchos funcionarios prefieren mantener estas herramientas en la opacidad.
¿La razón? Temen que una sociedad vigilante y organizada limite sus facultades discrecionales.
Aquí surge una paradoja: cuando las autoridades evitan la participación, no solo violan la ley, sino que socavan su propia legitimidad.
Un gobierno que ignora a la ciudadanía pierde la oportunidad de corregir errores, innovar y generar confianza.
Es urgente exigir que cumplan su papel de facilitadores, no de guardianes del poder.
El cambio, sin embargo, no depende únicamente de las instituciones. Como ciudadanos, tenemos el deber de informarnos, organizarnos y actuar.
Participar no significa improvisar: exige entender cómo funciona el gobierno, estudiar las leyes y diseñar propuestas viables.
Por ejemplo, antes de solicitar una obra pública, debemos conocer el presupuesto municipal, los plazos legales y los criterios técnicos.
Solo así evitaremos caer en el activismo superficial o en el conflicto estéril.
También es crucial abandonar la comodidad de la queja pasiva.
Si criticamos la falta de alumbrado público, pero no usamos los mecanismos para proponer soluciones, somos cómplices de la inacción.
La participación responsable implica tanto exigir derechos como asumir deberes: informarse, dialogar, respetar procedimientos y vigilar sin desgaste.
Colima tiene una oportunidad histórica para convertirse en un ejemplo de gobernanza colaborativa.
La ley ya existe; ahora falta que la ciudadanía la haga suya.
Participar no es un favor a las autoridades, sino un acto de corresponsabilidad.
Cuando nos involucramos, no solo mejoramos los servicios públicos o los espacios urbanos: fortalecemos el tejido social y reafirmamos que el poder, en democracia, reside en la gente.
El camino no es sencillo. Requiere paciencia, formación cívica y voluntad de diálogo.
Pero cada iniciativa ciudadana, cada proyecto colectivo, es un paso hacia una sociedad más justa y un gobierno más efectivo.
Como escribió el jurista Louis Brandeis: “La luz del sol es el mejor desinfectante”. Que la participación ciudadana sea esa luz que ilumine y purifique la gestión pública en Colima.
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