Mario Anguiano, chivo expiatorio
Por: Rogelio Guedea
No se puede entender nada si no se le reflexiona tomando en cuenta su contexto, tampoco se le puede entender si sólo se le ve en su tiempo presente y no en su pasado y en las repercusiones que tendrá para su futuro. Un caso tan complejo (pero al mismo tiempo tan simple) como el del PRI en Colima no puede prescindir de un análisis a la vez sesudo y a la vez directo y puntual, pues lo que más importa es construir un argumento lo más apegado a la verdad y lo más lejano a la simple apariencia, que es con lo que normalmente la ciudadanía se forja sus juicios. Esa es la responsabilidad de quienes escribimos no sólo para este momento, sino para el porvenir. Es la responsabilidad de quienes, lo queramos o no, lo quieran o no, escribimos la historia de un pueblo, ciudad o país. Lo anterior viene a colación a raíz de la publicación del reporte llevado a cabo por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización (Osafig) a la administración del ex gobernador Mario Anguiano, mismo que resultó adverso a su gestión y que pedía una sanción de más de seiscientos millones de pesos (para él y para algunos de sus colaboradores), inhabilitación por un número considerable de años (catorce para el mismo ex mandatario) y hasta cárcel. Más allá de lo que puedan resolver los órganos de justicia correspondientes, quienes deben tener la última palabra en este asunto, el caso del ex gobernador Mario Anguiano se enmarca precisamente en un contexto más amplio: el de un PRI que, desde por lo menos la administración de Fernando Moreno Peña (que ya llegó al poder muy deslegitimado y con acusaciones de fraude electoral), fue recrudeciendo su crisis tanto de política interna como de hartazgo social, lo que, desde entonces, lo obligaba ya a hacer una seria renovación que, a la fecha, no ha concretado. La llegada de Cavazos al poder dividió más visiblemente al PRI en dos bandos: el de Moreno Peña y el del propio Cavazos, ambos, curiosamente, atacados con violencia por parte presuntamente del crimen organizado, el primero (Moreno Peña) logrando sobrevivir, el segundo (Cavazos) no consiguiéndolo. La llegada de Mario Anguiano continuó este divisionismo en un PRI que se creía invulnerable y que, por tanto, no había tomado en cuenta el clamor social de un cambio real en la gobernanza. La llegada al poder del actual gobernador, Nacho Peralta, también impuesta desde Los Pinos y, por tanto, sin legitimación desde el arranque de su candidatura, no sólo recrudeció la política interna priista (pues esta vez cambiaba de estafeta hacia el bando fernandista, aunque al principio no lo pareciera) sino, además, exacerbó el hartazgo ciudadano a tal punto que se tuvo que echar mano de todo el poder del Estado para poder arrebatarle al PAN, con su candidato Jorge Luis Preciado, la gubernatura, pero no logrando retener ni el Congreso local (históricamente del PRI) ni la mayoría de las alcaldías municipales. Al ser una elección de Estado (de ahí que la elección ordinaria se haya anulado por ese motivo), a nadie queda duda que los recursos (materiales, humanos, etcétera) de éste se hubieran destinado a la campaña electoral del actual gobernador Nacho Peralta, con el conocimiento de éste. Decir lo contrario, lo sabemos, sería una ingenuidad. Si tomamos en cuenta que durante ese tiempo el gobierno, con la aprobación del Congreso, se hizo de dos créditos (uno a corto plazo y otro a largo, entre ellos el de los 638 millones de pesos), entonces sería también muy ilógico pensar que parte de ese dinero no se destinara a la campaña política del actual Ejecutivo estatal, con el mismo conocimiento de éste, como ya he mencionado. Incluso, como el propio descrédito del PRI había llegado ya a graves niveles de desaprobación, el acuerdo entre Nacho Peralta y Mario Anguiano, según lo refirió el propio exmandatario en entrevista reciente con Max Cortés, fue de desmarcamiento del primero hacia el segundo, a fin de que esto abonara a su rentabilidad electoral, pues su campaña no lograba ascender. Si bien este desmarcamiento sería sólo con fines puramente electoreros, luego de asumir el cargo Nacho Peralta las acusaciones y la guerra de odio por parte del mismo PRI y del propio dirigente estatal Rogelio Rueda (que fungió como secretario general del Estado en el gobierno de Mario Anguiano) siguieron en contra de la administración anguianista, más incluso que la guerra ejercida por el propio PAN. Esta campaña de descrédito hacia el ex gobernador Mario Anguiano le ha servido como cuña al actual mandatario Nacho Peralta para poder legitimar su propia gestión, que al día de hoy no ha sido posible consolidar debido a una serie de cruciales factores, entre ellos no sólo la violencia que asola la entidad sino también el haber sido cooptado por grupos añejos de poder que no le han permitido borrar del imaginario colectivo los agravios sociales perpetrados en contra de su estado de bienestar, incluido el haberle robado la elección al candidato panista Jorge Luis Preciado. Los resultados de la Osafig, adversos al gobernador Mario Anguiano y a algunos de sus colaboradores, se convierten en otra buena oportunidad del mandatario Nacho Peralta para intentar legitimarse con una sociedad que lo sigue viendo como un gobernador ilegítimo. Es cierto que esa sociedad pide justicia y quizá uno de los clamores más grandes (construido a partir, en muchos sentidos, de percepciones) sea el que se castiguen los actos de corrupción cometidos por el ex gobernador Anguiano Moreno y su equipo de colaboradores, pero también es cierto que si se quiere realmente justicia el dictamen de la Osafig tendría que ir más a fondo e investigar a todos los posibles corresponsables de este presunto desfalco a las arcas públicas, el cual podría involucrar no sólo al actual mandatario sino también a otros ex colaboradores de la gestión anguianista, como el propio Rogelio Rueda, que participaron en la campaña electoral pasada y que ahora se llaman ajenos a esto que, a todas luces, tiene todos los tintes de ser un linchamiento político y un revanchismo del grupo opositor al anguianismo. Celebro, para ya no ser tan prolijo, la decisión de los diputados Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala de echar atrás, por lo menos por ahora, la decisión de presentar otra denuncia penal en contra del ex mandatario Anguiano Moreno por tratarse de un asunto tan delicado que requiera “la mayor cantidad de apoyo posible”. El PAN tampoco puede prestarse a un linchamiento político del que, tal vez, saldrán beneficiados quienes de verdad deberían estar en la cárcel. Dejemos, pues, que las instancias legales y, sobre todo, que la justicia se encargue de tomar la última palabra en un caso que, como bien lo dijeron los diputados panistas, requiere para su resolución la mayor de las responsabilidades.
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