Opacidad: a más de un año de la extinción del INFOCOL

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Bitácora Reporteril

 Por: César Barrera Vázquez

 Desde que desapareció el INFOCOL hace más de un año, ejercer el derecho de acceso a la información en Colima es más difícil, y lo digo desde la práctica: como periodista hago más de 150 solicitudes al año a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y de sus respuestas salen reportajes y notas.

 Ese derecho es la base de preguntas elementales: cómo se gastan los recursos públicos, cuánto ganan y cuánto tienen los funcionarios, si los contratos fueron directos o por licitación, y si los gobiernos cumplen las metas que se fijaron.

 Primero, el diseño. La reforma constitucional federal de 2024 extinguió al INAI y obligó a armonizar las leyes estatales. En Colima, la nueva Ley de Transparencia ubica la autoridad garante en la Contraloría General del Estado, que asumió las atribuciones que realizaba el INFOCOL respecto del Poder Ejecutivo. Así el jugador se convirtió en árbitro.

 Doy un ejemplo: pedí a la Consejería Jurídica, la Secretaría General de Gobierno, la oficina de la gubernatura, la Contraloría, el Congreso, el INCODIS, los Servicios de Salud y la Secretaría de Infraestructura el convenio de colaboración entre el gobierno del estado y el Teletón para la construcción y operación del CRIT de Colima. Ninguna dependencia lo tiene. Todas se declararon “incompetentes”, incluso la misma contraloría que en este caso es la “juez” o autoridad garante que se encargará de determinar si las respuestas de incompetencia son válidas.

 Se trata de un convenio fantasma, porque jurídicamente existe, pero nadie lo tiene: el convenio se menciona en el decreto que autorizó donar el predio, pero nadie sabe dónde está. Y no lo planteo en contra del CRIT, cuyo beneficio social es evidente, sino por el principio de que ese beneficio no exime de transparentar en qué términos el gobierno cedió un bien público a un privado.

 El caso no es aislado. Mi revisión de los portales de los ayuntamientos indica que muchos incumplen obligaciones básicas, como informar el avance de sus metas y objetivos, y que publican documentos vacíos o sin actualizar para aparentar cumplimiento. Y cuando se pide la información, las dependencias se declaran incompetentes y se envían unas a otras la solicitud, sin que nadie responda.

 Se perdió también lo que no se ve: la capacitación a sujetos obligados y a la ciudadanía, que el INFOCOL realizaba y que hoy, sin personal suficiente, no tiene quién haga esta labor de concientización y socialización de un derecho humano que es clave en la rendición de cuentas.

 El problema no se resuelve con indignación, sino con un diseño: un órgano garante con autonomía real, que no dependa del Ejecutivo; sanciones efectivas a los sujetos obligados que incumplen; y reportes públicos periódicos sobre el cumplimiento de los ayuntamientos y del propio gobierno. Sin eso, el derecho a saber depende de la buena voluntad de quien tiene algo que ocultar. Algo que ya teníamos, pero que este régimen quitó.

 Dos puntos

 Otro instituto que está sumido en el desconcierto y la pérdida de credibilidad social, por su sometimiento al poder político del régimen, es el INE. Ciudadanos están convocando una marcha multitudinaria para exigir su refundación ciudadana y desvincularlo de Morena, pues a partir de la llegada de perfiles cercanos a ese partido los casos de corrupción dejaron sin credibilidad a este instituto que es clave para la sobrevivencia de nuestra democracia.