EL UNIVERSAL
Washington.- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Jeh Johnson, renovó ayer su compromiso de revisar la política de deportaciones a fin de hacerla más humana y de trabajar por una reforma migratoria. Según el diario Los Angeles Times, el tema de la inmigración será clave para cualquier aspirante del Partido Republicano a la presidencia que se presente en las elecciones de 2016.
Durante una reunión con miembros del Grupo Hispano (CHC) de la Cámara de Representantes, Johnson reafirmó la política del DHS de hacer un cumplimiento “efectivo y sensible” de las leyes migratorias, informó la dependencia en un comunicado.
El demócrata Luis Gutiérrez señaló, por su parte, que durante el encuentro entregaron a Johnson un memorando de seis páginas elaborado por el CHC que enumera las acciones de la administración Barack Obama para proteger a algunas inmigrantes y sus familias de la deportación.
“Tenemos que asegurarnos de que el DHS se concentre en asesinos y violadores, usando sus recursos en medidas que hagan más seguro nuestro país”, dijo Gutiérrez.
La Casa Blanca enfrenta una creciente presión de grupos comunitarios para poner fin a la deportaciones que rondan los dos millones de personas en el gobierno de Obama. El diario The New York Times reportó esta semana que dos terceras partes de las deportaciones corresponden a personas que cometieron delitos menores.
En este contexto, Los Angeles Times advirtió que “para la próxima elección presidencial los republicanos saben que si el partido sigue sonando antiinmigrante es probable que su candidato pierda de nuevo”.
“Es difícil que la gente te escuche en temas como el crecimiento económico, impuestos y el cuidado de la salud, si están pensando en que se quiere deportar a un miembro de su familia”, dijo el senador Marco Rubio, uno de los posibles candidatos presidenciales.
En Florida, en tanto, un panel del Senado votó 8-5 a favor de una propuesta para permitir que estudiantes, aun indocumentados, que cumplan ciertos requisitos, puedan pagar la matrícula universitaria con los mismos descuentos que los que viven legalmente en el estado.
La senadora republicana Nancy Detert estuvo entre quienes se opusieron a la legislación, diciendo a sus colegas que los niños que fueron traídos ilegalmente “deben pagar lo que pagan los estudiantes de otros estados, y no creo que sea mucho pedir”.