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Estados Unidos.- “No puedo ni quiero disculparme por un crimen que cometió otro, pero volveré por justicia, pueden contar con ello”, dijo el mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, antes de ser ejecutado con inyección letal en una cárcel de Texas el miércoles pasado por el secuestro, violación y asesinato de su prima Mayra Laguna, de 16 años, en 1997.
Según información de PROCESO, su ejecución estaba programada para las 18:00 horas, pero se pospuso hasta pasadas las 22:00 horas a la espera de una intervención de última hora de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos o gobernador de Texas, Gregg Abbott para revertir la pena, pero ello no ocurrió.
Tampoco funcionaron los llamados del gobierno de México, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que presionaron para que se suspendiera la ejecución invocando una supuesta falta de garantías en el proceso judicial del mexicano.
Cárdenas, de 47 años y originario de Guanajuato hace fue declarado muerto a las 22:26 hora local tras recibir una inyección letal en la prisión de Huntsville, Texas.
Condena del gobierno mexicano
Poco después la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) condenó la ejecución del mexicano a través de un comunicado en el que destacó que Ramírez Cárdenas es el quinto mexicano ejecutado “en franca violación” al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el 31 de marzo de 2004, por lo que expresó su inconformidad por el incumplimiento de Estados Unidos y el estado de Texas.
El presidente Enrique Peña Nieto también expresó su condena a través de su cuenta de Twitter.
En su comunicado, la SRE, a cargo de Luis Videgaray, señaló que el gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla “una de las violaciones más esenciales de los derechos humanos”, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas.
La dependencia enfatizó que el canciller Videgaray agotó todos los recursos legales, políticos y diplomáticos para evitar la ejecución. También destacó los esfuerzos realizados por el gobernador de Guanajuato, la Procuraduría de los Derechos Humanos de ese estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y legisladores.