Juan Carlos Flores|COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El partido Movimiento Ciudadano presentará una reforma a la ley de transparencia del estado para incorporar la iniciativa 3 de 3 que obligará a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial, declaración fiscal y conflicto de no intereses.
Al respecto, Leoncio Morán Sánchez, dirigente estatal de este partido, explicó que será la diputada Leticia Zepeda la encargada de llevar al congreso la iniciativa que no fue incluida en la reciente aprobación el pasado 5 de mayo.
La iniciativa 3 de 3 ha logrado un gran apoyo ciudadano con más de 600 mil firmas a nivel nacional para lograr transparentar los recursos que reciben los funcionarios públicos y evitar la corrupción.
“Ojalá que ella (Leticia Zepeda) o cualquier otra fracción, al margen de temas legaloides, se conviertan en promotores de este planteamiento que viene de los ciudadanos”, esgrimió.
Asentó que en lo personal, desde hace más de un año presentó su declaración 3 de 3 hace más de un año; “está publicada en la plataforma y se actualizará de manera permanente”.
Luego, recordó que desde el ámbito nacional, Movimiento Ciudadano está impulsando la iniciativa ciudadana de la ley 3 de 3, “no es algo nuevo, ya tenemos tiempo con esto”.
Añadió que la bancada de ese partido en la Cámara de Diputados, es la única que ya presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, aún cuando no es un trámite obligatorio.
De igual forma refirió que todos los dirigentes estatales también lo están haciendo de manera pública, por un acuerdo de los órganos nacionales de ese instituto político.
Refirió que la ley 3 de 3 permite que los ciudadanos conozcan la situación financiera de un servidor público, desde que comienza en un cargo hasta que concluye su gestión.
Morán Sánchez precisó que se busca que la iniciativa de ley 3 de 3 aplique para todos los órganos de gobierno, “además que tipifique y sanciones todos los actos de corrupción”.
Añadió que la iniciativa ciudadana también propone un código de conducta para los servidores públicos, mismo que aplicaría a los organismos descentralizados, partidos, sindicatos y todos los reciban recursos públicos.
“Lo importante de todo esto es que se trata de evitar el desvío de recursos públicos, el abuso de funciones, la colusión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la obstrucción de la justicia y el nepotismo”.