VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
Bajo el argumento de proteger los recursos del IMSS, el gobierno restringe una opción de retiro financiada por los propios trabajadores, mientras deja sin respuesta las preguntas sobre el manejo de las aportaciones y la verdadera situación financiera del Seguro Social.
La decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de modificar las reglas de la Modalidad 40, con el argumento de que se detectaron esquemas fraudulentos para obtener pensiones elevadas, abre un debate que va mucho más allá de combatir posibles irregularidades. Lo que está en juego es la confianza de miles de trabajadores que, con esfuerzo, decidieron invertir recursos propios para aspirar a una jubilación digna.
El señalamiento es grave y merece investigarse, pero también exige pruebas, transparencia y responsabilidades concretas. Porque una cosa es perseguir a quienes hayan cometido un delito y otra muy distinta es restringir las opciones de miles de trabajadores bajo la sospecha generalizada de que una pensión elevada necesariamente es indebida. Todo sin presentar pruebas
La Modalidad 40, conocida formalmente como Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite a determinados trabajadores que dejaron de cotizar mediante un patrón continuar realizando aportaciones al Seguro Social. Para quienes están sujetos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, estas cotizaciones pueden influir de manera importante en el cálculo de la pensión, junto con las semanas reconocidas y los demás requisitos legales.
Una pensión elevada no constituye, por sí misma, un fraude. Si un trabajador cumple los requisitos legales, cotiza conforme a las reglas vigentes y paga las cuotas correspondientes, tiene derecho a que su situación sea evaluada conforme a la ley. Pero ya sabemos como son estos de Morena que, deciden cosas bajo el argumento de corrupción fraudes u otros delitos y convierten la excepción en argumento para restringir una alternativa de retiro a toda una población.
La pregunta incómoda es inevitable ¿Se trata exclusivamente de combatir irregularidades o también existe una preocupación por el costo que representan las pensiones futuras para las finanzas institucionales?
El acuerdo aprobado por el Consejo Técnico del IMSS y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre (tema que debería ser materia del poder legislativo) establece que las nuevas incorporaciones tendrán límites salariales vinculados al último salario registrado al momento de causar baja, con un margen adicional de una Unidad de Medida y Actualización (UMA). También elimina las nuevas incorporaciones retroactivas y dispone que los trámites se realicen por medios digitales. Las medidas entraron en vigor ayer 22 de octubre de 2026.
Aunque el Instituto sostiene que quienes ya están inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado y que se reconocerán los salarios efectivamente pagados y las semanas cotizadas, la incertidumbre persiste para quienes planeaban incorporarse o continuar su estrategia de ahorro pensionario bajo las reglas anteriores.
El propio acuerdo ordena analizar durante seis meses el impacto financiero de la Modalidad 40. Esta decisión revela que el costo del esquema constituye una preocupación institucional que todavía requiere evaluación, pues, como ya es costumbre, la opacidad en la información persiste.
Si el Seguro Social enfrenta presiones financieras que ponen en riesgo su capacidad para pagar pensiones y garantizar la atención médica, la sociedad tiene derecho a conocer la magnitud del problema, sus causas y las decisiones que condujeron hasta él. La opacidad no resuelve una crisis, menos cuando hay evidencias, al menos sospechas, de una bomba de tiempo que intentan contener.
La obligación de las autoridades es administrar responsablemente los recursos, garantizar el cumplimiento de la ley y corregir los abusos sin castigar indiscriminadamente a quienes actuaron conforme a las disposiciones vigentes.
Si existen deficiencias administrativas, fallas o malos cálculos, deben identificarse y corregirse. Y si se detectaron fraudes por cientos de miles de millones de pesos, como sugieren las declaraciones presidenciales, es indispensable conocer las pruebas pues eso no puede quedar flotando en el debate público como una justificación genérica para cambiar las reglas.
Pero el riesgo no se limita a las finanzas del IMSS. Está en la confianza de los trabajadores que han organizado sus últimos años de vida alrededor de una expectativa de jubilación. Para muchas personas, incorporarse a la Modalidad 40 representa un sacrificio económico considerable: destinan ahorros, reducen gastos familiares y comprometen parte de su patrimonio con la esperanza de obtener una pensión que les permita vivir con dignidad, para que ahora salga la 4T con que no debes aspirar a una pensión alta.
El gobierno de Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de demostrar que su decisión responde a un diagnóstico sólido y no simplemente a la necesidad de reducir compromisos económicos. Lo inadmisible sería que los trabajadores terminen pagando las consecuencias de errores institucionales que no cometieron.
La salud financiera del IMSS no puede defenderse debilitando la confianza de quienes contribuyeron a sostenerlo. Tampoco puede garantizarse la justicia pensionaria convirtiendo el legítimo deseo de una jubilación digna en motivo de sospecha.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
