LEY ANTICORRUPCIÓN
Por: Florencio Llamas Acosta*
Contar con buenos gobernantes que tengan la sabiduría y la capacidad para generar las mejores condiciones de vida para la población ha sido siempre una aspiración de todas las sociedades, sin embargo, la corrupción y la opacidad de los gobiernos son el cáncer que afecta a toda la colectividad a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. De acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 105 entre 176 naciones y de acuerdo a Forbes México a los mexicanos nos cuesta, al menos 100,000 millones de dólares al año la corrupción.
Estos datos no nos sorprenden, en la conciencia colectiva existe la idea compartida de que todos los gobiernos roban y por ello la complicidad entre los gobernantes y gobernados es un factor cultural que ha hecho que la corrupción se convierta en el aceite que hace que funcione el nuestro sistema social, “la mordida y el diezmo” son prácticas socialmente aprendidas y trasmitidas que se utilizan para agilizar un trámite o ser beneficiado por un programa o proyecto gubernamental. Por otro lado, la impunidad es otro factor que promueve los actos de corrupción pues son escasos los funcionarios que ante el evidente enriquecimiento inexplicable son sancionados. Un tercer factor ligado a los dos anteriores es la falta de un marco legal que obligue a transparentar el uso de los recursos públicos, limite y combata la tentación del uso y abuso del poder para el bien propio.
En nuestro país ante la presión social de organizaciones ciudadanas que han venido encabezando la lucha por la transparencia y rendición de cuentas, son recientes las acciones tendientes a establecer un sistema legal que combata la corrupción, tan es así que en esta semana, Ley 3 de 3 después del veto presidencial y las observaciones, están siendo discutida en la Comisión Permanente del Senado, lamentablemente sin una convicción firme de crear un sistema solido anticorrupción sino, utilizándola como campo de batalla política y evidenciarse unos a otros en estar coludidos y solapar la corrupción.
En Colima, los actos de corrupción que los ciudadanos suponían que existían como empresas fantasmas, negocios con propias empresas (conflictos de intereses) y desvío y uso indebido de los recursos públicos ha sido evidenciado públicamente por las auditorías realizadas por medio del Osafig así como por los análisis financieros y contables que ordeno el gobierno del Estado al despacho Price Watershouse Coopers (PWC) reflejados en el polémico Libro Blanco.
Ya en el siglo lll a de C. el filósofo griego Platón planteó que para alcanzar la felicidad como supremo bien, la educación debería enfocarse a cultivar la verdad, la justicia y el bien, dejando que solo los hombres más sabios gobernaran, pues solo en una ciudad justa podría existir hombres justos.
Esta necesidad de tener gobernantes sabios que sepa distinguir lo que es mejor para la sociedad que sean justos y honestos sigue siendo una aspiración y reclamo de la sociedad, cada tres o seis años en las elecciones los votantes que tienen la cultura de emitir su voto sufragan por el menos peor. Y luego en el ejercicio de sus funciones se observa que antes que procurar el bien de la colectividad, buscan el bien particular, usando el puesto para hacer negocios y los recursos públicos para beneficio personal.
No es suficiente la vergüenza y el señalamiento del escrutinio público, sino también se requiere esquemas legales que vigilen y sancionen la corrupción para evitar la mínima tentación ¿O usted como lo piensa?
*Maestro en Ciencia Política y Administración Pública. Catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima.
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