EL INFORMADOR
México.- México y Brasil son los dos países latinoamericanos que encabezan la discusión sobre la gobernanza de la red; sin embargo, sus caminos van en sentidos opuestos.
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema de Radiodifusión de México, presentadas por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 24 de marzo, lejos de favorecer a los ciudadanos, promueve la censura y coarta sus libertades, según organizaciones defensoras de los derechos de los usuarios de la red.
En cambio, en Brasil, el Congreso aprobó el pasado 22 de abril una ley que establece la neutralidad en la red, así como la protección de privacidad de los usuarios que navegan en internet.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, apresuró la normatividad de telecomunicaciones tras el escándalo del espionaje de Estados Unidos a ciudadanos, empresas y otros gobernantes revelado por las filtraciones de Edward Snowden, pues argumentó que “para que la internet (red) sea más democrática, necesita más presencia de los países en desarrollo”.
“La internet que queremos sólo será posible en un escenario de respeto por los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión”, afirmó la presidenta brasileña en la aprobación del Marco Civil de Internet, propuesto desde 2009, una especie de Constitución que amplía las libertades y la cobertura en el uso de la red y las protege como un derecho humano. Con esto, Rousseff se convirtió en la líder de un movimiento internacional para regular internet formado por países del espacio del Mercosur, la Unasur, el Brics, la Celac y algunos países africanos.
Antonio Martínez Velázquez, especialista en comunicaciones e integrante de Artículo 19, detalló que con la iniciativa planteada en México “nos enfrentamos a un sistema político que no lo permite por defecto (establecer un marco legal que garantice los derechos de los usuarios) porque los legisladores no dependen del electorado, dependen de las cúpulas de los partidos y los acuerdos que llegue con ellos, de manera que no tienen razón para escuchar al elector si de éste no dependen las decisiones.
El también integrante de la asociación civil Internet Para Todos consideró que la Reforma planteada en materia de Telecomunicaciones “es un retroceso en el sentido sustantivo, en lo que tiene que ver con la iniciativa, es decir, habrá mayor restricción a los derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Es una iniciativa que no está configurada para ser compatible con los derechos consagrados en la Constitución […] parte de la Reforma del Artículo 1º constitucional de 2011 dice que todas las leyes hacia el futuro tendrían que seguir los principios de progresividad; es decir, que cada vez tengamos más derechos y no menos, en ese sentido es un retroceso”, reiteró.