Entre denuncias de corrupción y malversación de recursos por parte de García Rincón, la magistrada López Llerenas, a través de un desplegado a los medios de comunicación, afirmó que en el STJE se llegó, incluso, a usar otras técnicas para controlarlos hasta que el Congreso del Estado, con la mayoría del PRI, aprobó una reforma para recudir el quórum en el STJE de 8 a 5 magistrados (de un total de 10) ante la inasistencia de 4 de ellos.
Gabriel Guerrero Martel, fue el conferencista contratado, quien había escrito en su cuenta de Facebook algo referente a su contratación por parte de Rafael García Rincón.
Sin embargo, García Rincón, en conferencia de prensa y acompañado de 5 magistrados, aclaró que se contrató a un experto en neurolingüística para elevar la calidad humana de los magistrados y enfatizó que no fue para fines de hipnotización.
“Lo que pasa es que son enfoques, a lo que sí se contrató fue a un experto en programación neurolingüística y en ese tema hay varias instituciones que han contratado ese tipo de cursos precisamente para fortalecer la calidad humana en el servicio”, dijo.
Aceptó que el STJE trabaja con un déficit millonario pues sólo en pensiones en 2011 erogaron más de 16 millones de pesos pero sólo se les aprobaron 8 millones de pesos “Pero (la crisis económica) está en todas partes, incluso en Europa”, dijo.
García Rincón señaló que se han invertido casi 8 millones de pesos en remodelación de pisos para el edificio, compra de equipo de cómputo, cursos de capacitación y la adquisición de una camioneta último modelo, con valor de 480 mil pesos, para el presidente del STJE “para ahorrar en combustible”.
Negó que haya intromisión por parte del Poder Legislativo por haber aprobado la reforma, en fast track, donde se redujo el quórum para las sesiones “Esos son temas propios del legislativo, las sesiones del pleno, al ser públicas, trascienden (porque) el hecho de que estuviera detenido el trabajo del poder judicial por más de un mes, trascendió”.
Precisó que el origen del conflicto se debió a la designación de jueces, pero que de marzo a la fecha se han aprobado 2 secretarios actuarios, uno en Manzanillo y otro en Colima; cuatro personas para la unidad de control patrimonial y están pendientes tres plazas de jueces en primera instancia.
Recalcó que el problema es delicado pero que “hay una transparencia total de los recursos públicos y se han aplicado con el acuerdo del pleno en general e invitamos a los magistrados que no piensan como la mayoría a que vengan a la mesa del diálogo”, asentó.
Los magistrados que no asistieron a 4 sesiones durante marzo fueron Rocío López Llerenas, Bernardo Salazar Santana, Miguel García De la Mora y Rocío Valdovinos Anguiano.
