TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Si alguien dice que “tiene otros datos” respecto al tema de hoy, no lo crea porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó (Nota de El Noticiero, 21 de noviembre) que la aduana de Manzanillo le ha generado a la Federación 119 mil millones de pesos en tan solo 9 meses de operación, lo que supone que al final del año esa cifra aumentará un tercio más. Así, el puerto, tras la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, es el que más ingresos genera por el intercambio de mercancías.
Esa es una cifra altísima, y lo primero que uno se pregunta es en qué se beneficia Colima de esa dinámica económica tan constante y productiva de tantos millones que produce para México. Uno va al puerto y no ve mejoras urbanas que impacten y le hagan pensar que se está progresando, que la gente se beneficia de ese ambiente de trabajo, de ese crecimiento y desarrollo económico tan necesario.
Uno tiene que ver ese dinamismo reflejado en las condiciones generales de vida, en la mejoría de las familias para decir que todo marcha sobre ruedas en cualquier lugar del territorio. Ver amplias y nuevas avenidas, calles limpias y con servicios, jardines en buen estado, instalaciones y servicios educativos de calidad, vialidades bien interconectadas, una economía que permita satisfacer necesidades básicas sin tantos apremios, servicios de gobierno ágiles y oportunos, seguridad para los habitantes, no andar viendo tantas personas ejecutadas por todos los rumbos.
Precisamente, hace pocos días, la senadora Gaby Benavides insistía en que había propuesto reformas a la Ley de Puertos y la de Coordinación Fiscal para que se entregue a estado o municipio el 30 por ciento de los excedentes derivados de la operación portuaria para mejorar en la infraestructura de Manzanillo.
Gaby, junto al diputado Riult Gutiérrez es de las representantes populares que más ha insistido en modificar las fórmulas de distribución de impuestos inequitativa frente a la Federación que concentra el ingreso aduanal y mantiene políticas que deben revisarse, pero temo que esa aspiración no se cumplimentaría en este sexenio pues se requiere una visión gubernamental que se guíe por parámetros diferentes, una Federación sensible que vea por las regiones, que distribuya según sus aportaciones y necesidades y en justicia.
Nuestro puerto es el que da vida económica a Colima, el que promueve el comercio e incentiva a la iniciativa privada, que mucho gana con su intervención y sus inversiones. Si su industria genera ingresos, su turismo también los aporta en grado sumo gracias a las inversiones privadas y del propio gobierno federal. Estos dos polos son esenciales.
Hacen bien los diputados o senadores que busquen acercamientos con los ejes de poder, otras valoraciones hacendarias, que luchen por derribar ese muro infranqueable que es el Centro, que poco escucha o, mejor dicho, que no sabe escuchar.
El presidencialismo exacerbado no nos ha hecho bien, a diferencia de otras naciones que han sabido organizarse mejor promoviendo la autonomía efectiva de regiones, reconociéndoles su mayoría de edad, apoyándolas. La gente vive feliz donde hay respeto a las leyes, desarrollo equilibrado, buena educación y seguridad para las personas y sus patrimonios. Esto a veces se olvida.
Ahora bien, si la Constitución es remendada cientos de veces desde su puesta en vigor ¿ por qué si se quiere un desarrollo parejo no se modifican los criterios de asignación de recursos que capta la Federación ?
Como dato a recordar, de la Tercera Convención Nacional Fiscal se derivó el proyecto de lo que sería la primera Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, del 23 de diciembre de 1953. Dicha Ley, en su artículo segundo, ordenó la creación de la Comisión Nacional de Arbitrios, a la cual la Ley le concedió, entre otras funciones, la acción siguiente: Proponer medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva de los gobiernos federal y locales, procurando una distribución equitativa de los ingresos de la economía pública entre la Federación, los Estados, Distrito Federal, Territorios y Municipios. Está claro que hay obligaciones concretas para hacer de las fórmulas distributivas un modelo en el que todas las entidades ganen y no que las que más aporten pierdan.
En fin, en los años siguientes ha de escribirse una historia nueva en el ámbito de las relaciones de la Federación con estados y municipios para que las nuevas fórmulas que se elaboren den a cada entidad lo que les corresponde. Ni más, ni menos.