PARACAÍDAS
Por: Rogelio Guedea.
Hace unos días y en virtud de la importancia que tiene para nuestra máxima casa de estudios que no haya dilación en los presumibles casos de violencia de género que se suscitan en nuestra institución, el rector Christian Torres Ortiz acudió personalmente al IUBA, particularmente a la Escuela de Danza, para entrevistarse con los estudiantes que habían participado recientemente en una manifestación de denuncia de acoso sexual en dicha Escuela. El rector pudo palpar de primera mano la recrudecida inconformidad de los estudiantes y sin mayores postergaciones activó de manera inmediata el protocolo que se tiene para estos casos, un protocolo diseñado por la propia casa de estudios para atender de forma integral la violencia de género en la Universidad, y el cual ya se aplica desde su creación en 2019. Además de esto, ofreció a los estudiantes apoyo psicológico con profesionales en el área y jurídico para que pudieran, si el caso así lo ameritaba, acudir incluso a realizar las denuncias penales correspondientes. Con el fin de que no hubiera nada que pudiera interrumpir la atención de este caso, se decidió también suspender las clases, lo que me parece una medida adecuada a fin de que las partes en conflicto puedan cada cual preparar sus propias argumentaciones. Con esta intervención, el rector Torres Ortiz no sólo demuestra que, como lo ha dicho, la violencia de género en la universidad tiene tolerancia cero, sino también que la universidad está haciendo la parte que le corresponde para resolver estos casos que atentan contra la integridad de las víctimas. Los estudiantes deberán entender que la universidad no es en estricto sentido el ente directo responsable de cometer estos actos de violencia de género, esa responsabilidad intransferible corresponde a cada profesor o profesora que lo hace a título individual, de lo que sï es responsable la institución es de atender estos casos, darles el cauce que establece el protocolo de manera pronta y expedita, y de asegurarse de que las partes involucradas (tal como sucede en todo juicio jurídico) reciban el mismo derecho a llevar a cabo su defensa. Sin duda, lo más importante es que los casos no queden impunes, pues esto generaría mayor inconformidad entre la población estudiantil. Pero, por otro lado, lo que no se puede hacer, y es entendible que en ocasiones es lo que quieren las víctimas de esta violencia, es que apenas se haga la denuncia se despidan o castiguen a los victimarios sin siquiera darles el derecho a ser escuchados. Eso simplemente no se puede hacer porque entonces la universidad estaría cometiendo una terrible falta al debido proceso. El rector ha hecho muy bien, pues, en decirles personalmente a los estudiantes que sus denuncias no serán desoídas, de manera que los estudiantes que se han visto afectados tendrán que hacer muy bien por su parte en sujetarse al protocolo, presentar sus pruebas y esperar la correspondiente resolución. Lo que quiero decir con esto es que todo lo que no se sujete a un proceso que respete los derechos y obligaciones de las partes es violencia, y si la violencia es algo inadmisible en una sociedad, en una universidad lo es aún más.