Por: Mario Acevedo Manzano
El cambio del Ministro Presidente de la SCJN es motivo para reflexionar sobre cómo se imparte la Justicia en México y reclamar a los impartidores de Justicia la deuda permanente que tienen con los mexicanos, pues es bien conocido por todos, como el Estado mexicano formado por los tres Poderes y los tres niveles de Gobierno, le ha fallado al pueblo de México, en toda la historia del México independiente en la impartición de Justicia. Es de reconocer a los organismos autónomos, desde la autonomía Universitaria en la década de los treinta, la del Banco de México, hasta el INEE en la actualidad, como parte del Gobierno, han cumplido su responsabilidad para mejorar la calidad de la administración pública federal.
Una de las principales funciones de los Estados democráticos en impartir la Justicia con trasparencia, prontitud, imparcialidad, honradez y al menor costo posible para proporcionar tranquilidad y paz social a los habitantes de un País, pero, la mínima reflexión y análisis de la Justicia mexicana nos lleva a pronosticar una administración de Justicia de una mínima satisfacción de las necesidades sociales, con algunos Jueces corruptos como aquel Magistrado federal en el Estado de Veracruz, retratado en redes sociales a bordo de un automóvil importado, presumiendo reloj de oro, ropa de marca europea y fumando puro, el Magistrado eludido, es la muestra del botón de la posible corrupción del Poder Judicial federal y la opacidad o negación del Consejo de la judicatura para dar una explicación del origen de la fortuna del Juzgador.
Existe en pequeña confrontación entre el poder Judicial y los Poderes legislativo y Ejecutivo con motivo de la nueva Ley General de Remuneraciones de los Servidores Públicos, incluyendo los organismos autónomos y a todos los trabajadores del Estado, esta Ley, reglamentaria del texto constitucional en donde se especifica que, ningún servidor público podrá tener ingresos por pago de su trabajo mayores a loa obtenidos por el Presidente de la Republica, reforma constitucional realizada desde el 2008 en el gobierno de F. Calderón y por falta de una Ley reglamentaria de nula aplicación en los últimos 10 años, al entrar en vigor esta Ley en diciembre pasado, los Ministros, Magistrados, Jueces, Secretarios, Actuarios y personal administrativo del poder Judicial pusieron el grito en el Cielo negando acatar la mencionada Ley, alegando en las más de 3500 demandas de Amparo su derecho protegido por la misma Constitución para mantener los sueldos durante el ejercicio de su mandato, la Ley fue suspendida por una de los Ministros en una clara falta al principio legal de ser Juez y Parte, de donde se deduce que, la sentencia a pronunciar por el Juez de la Causa, es por origen viciada en los principio de certeza e imparcialidad.
A partir de la negación de igualar sus percepciones a las obtenidas por el Presidente de la Republica, los Ministros alegan intervención de los Poderes legislativo y Federal en la autonomía del Poder Judicial, nada más falso, en ningún momento, ni el Congreso de la Unión ni la Presidencia de la Republica intervienen en la autonomía del Poder Judicial para dictar las sentencias, únicamente les piden, un procedimiento administrativo de bajar sus ingresos como lo señala la misma Constitución General de la Republica. Por ello, es un debate falso por la supuesta intervención de dos Poderes en contra del Poder Judicial, mismo que mantiene su total autonomía en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
A partir de recibir su plena autonomía el Poder Judicial, lo primero que hicieron fue aumentarse sus sueldos a cantidades exageradas, logrando con ello, el repudio de todos los mexicanos que ven en los Jueces de todos los niveles a una casta de privilegiados con pensiones y sueldos estratosféricos con el pretexto de no caer en la corrupción, sin embargo, a pesar de los grandes sueldos recibidos algunos Jueces venden sus sentencias al mejor postor, por ello, no están en la cárcel cientos de criminales y corruptos quienes disfrutan sus fortunas mal habidas en libertad, pues, hasta la fecha no se han aprobados las leyes de la extinción de dominio para recuperar los daños hechos al patrimonio nacional. En fin apreciable lector, el tema es inacabable y continuaremos escribiendo sobre la mala Justicia a los mexicanos.
Notas cortas
El mismo Secretario de Desarrollo Rural del Estado expone la injusticia de la extracción de los recursos naturales de un Municipio a otro como es el caso del Agua extraída del Municipio de Armería con consumo final de un 70% en el Municipio de Manzanillo, el propio Secretario propone una compensación en Obras de Manzanillo a Armería para lograr Justicia e Igualdad en la distribución de recursos naturales.
El Secretario de Turismo Lic. Efraín Angulo Rodríguez anuncia una afluencia turística de 1.3 millones de visitantes al territorio colimense, lo que nos indica un promedio aproximado de 1.8 visitante por habitante en el Estado, al comparar este índice con otros Estados, Colima debe ser uno de los diez más visitados de todo México.