Bitácora reporteril
Por: César Barrera Vázquez
La llamada Ley de Protección a las Audiencias que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum —rebautizada por la oposición como “ley censura”— genera más preocupaciones que certezas. Y no tanto por su objetivo declarado de proteger a las audiencias, sino por el enorme margen de discrecionalidad que otorga al Estado para intervenir en los contenidos difundidos por los medios de comunicación.
La experiencia reciente obliga a mirar con desconfianza cualquier iniciativa de esta naturaleza promovida por ese gobierno. Las principales reformas impulsadas por la presidenta Sheinbaum han tenido un denominador común: concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar los contrapesos institucionales.
Ahí está la reforma judicial, que terminó con la carrera judicial e instauró un sistema de elección de juzgadores ampliamente cuestionado; la desaparición de organismos autónomos constitucionales como el INAI, el CONEVAL, la COFECE y el IFT, instituciones que precisamente limitaban el poder del gobierno y fortalecían los derechos de la ciudadanía y la rendición de cuentas.
La constante ha sido la misma: darle más poder al poder. Por eso esta nueva propuesta despierta tantas suspicacias. Porque supone una sobrerregulación sobre uno de los derechos fundamentales de cualquier democracia: la libertad de expresión.
Nadie discute que este derecho tenga límites. La difamación, la calumnia o la afectación al honor ya encuentran respuesta en nuestro sistema jurídico. Lo preocupante es que ahora sea el propio Estado quien pretenda convertirse en árbitro de la verdad, determinando qué información puede difundirse, bajo qué criterios y con qué consecuencias para quienes discrepen del discurso oficial.
Ese es precisamente el riesgo de cualquier gobierno con tentaciones autoritarias: asumir que posee la verdad absoluta. En una democracia, las ideas se confrontan, no se censuran. Los argumentos se responden con argumentos. La pluralidad implica tolerar incluso opiniones equivocadas, exageradas o ideologizadas. Y esto es así porque será la ciudadanía, finalmente, quien valore su credibilidad.
Porque siempre será más peligroso entregar al gobierno la facultad de decidir qué puede decirse y qué no, que permitir un debate abierto donde las propias audiencias distingan entre información veraz, propaganda o simple opinión.
Dos puntos
En México ya existe un andamiaje jurídico suficiente para proteger a las personas frente a cualquier exceso de un medio de comunicación, comunicador o periodista. Ahí está el derecho de réplica, que permite responder y desmentir información inexacta; la legislación civil en materia de daño moral; e incluso los tribunales para dirimir controversias cuando se lesionan derechos de terceros. Si esos mecanismos ya existen, resulta inevitable preguntarse cuál es la verdadera necesidad de crear una nueva regulación sobre los contenidos informativos. La experiencia reciente demuestra que prácticamente todas las iniciativas impulsadas por el actual régimen han terminado fortaleciendo al Estado y debilitando los contrapesos ciudadanos. Por eso la desconfianza no surge de un prejuicio. Ya hay antecedentes.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.