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La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (CONATRIB) tras concluir que la organización no defendió de manera efectiva la independencia judicial frente a la reforma constitucional impulsada en México, sino que manifestó su respaldo a la modificación y únicamente planteó que su implementación se realizara de manera gradual.
Marcelo Gallo Tagle, juez argentino y expresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, explicó en Aristegui en Vivo que la decisión se tomó porque la representación mexicana no actuó de manera eficiente e idónea para defender la independencia del Poder Judicial frente a lo que consideró un avasallamiento de la división de poderes.
“la decisión fue tomada porque entendimos que no han ejercido de manera eficiente e idónea la independencia del Poder Judicial en cuanto al impedir el avasallamiento de nuestra independencia y de la división de poderes”, señaló.
Gallo Tagle sostuvo que la CONATRIB emitió un comunicado en el que manifestó su beneplácito con la reforma constitucional, la cual implicó, de acuerdo con su explicación, la sustitución masiva de jueces sin que se respetaran los procedimientos previstos para su destitución ni existiera una causal para ello.
Adriana Orocú Chavarría, jueza costarricense, presidenta del Grupo Iberoamericano y vicepresidenta de la Unión Internacional de Magistrados, explicó que los estatutos de la organización establecen un doble estándar para sus integrantes: la apoliticidad y la defensa permanente de la independencia judicial.
Cuando existe un incumplimiento, el artículo 4 de los estatutos permite iniciar un procedimiento de monitoreo para dar seguimiento y controlar las actuaciones de las organizaciones que integran la UIM, formada por 94 países de los cinco continentes.
Dijo que el objetivo es evitar que las organizaciones miembros se conviertan en estructuras que provean de agenda política a los países en los que desarrollan sus actividades.
Orocú señaló que el procedimiento relacionado con México comenzó después de que el Grupo Iberoamericano solicitó al Comité de Presidencia abrir una revisión sobre las actuaciones de la CONATRIB frente a la reforma constitucional.
A partir de ese procedimiento se solicitó a la organización mexicana un informe sobre sus actuaciones. Posteriormente, se elaboró un reporte inicial con evidencia sobre su posición y también se incorporaron informes internacionales que habían advertido sobre los riesgos que representaba la reforma para la independencia judicial.
La CONATRIB tuvo oportunidad de presentar un informe de descargo y posteriormente se realizaron dos ampliaciones para revisar sus actuaciones una vez que tuvo conocimiento de que el procedimiento estaba abierto.
El expediente fue llevado al comité central, integrado por representantes de los 94 países miembros. De acuerdo con Orocú, 80 por ciento de los presentes votó a favor de la expulsión, mientras que hubo 13 votos en contra y cuatro abstenciones. La decisión tuvo efectos inmediatos.
La jueza costarricense destacó que se trató de una decisión excepcional para la organización, constituida en Austria en 1953. “Este procedimiento que lamentablemente es la primera vez que se aplica en la UIM. Es la primera vez que hay una expulsión de esta naturaleza”, afirmó.
Cuestionamientos a la posición de la representación mexicana
Orocú explicó que, durante el procedimiento, la CONATRIB no solo había expresado su apoyo a la reforma constitucional, sino que también había planteado que su aplicación se realizara de manera gradual. “En realidad, esto deja en absoluta evidencia no solo el conformismo, sino el apoyo a esta reforma”, sostuvo.
De acuerdo con la jueza, la organización mexicana acompañó la agenda política que se estableció desde el Ejecutivo y fue aprobada por el Legislativo, lo que, desde la perspectiva de la UIM, resultó incompatible con las obligaciones de una organización que forma parte de la institución internacional.
“La defensa de la independencia judicial no es gratuita”, señaló Orocú al explicar que jueces, familias, defensores y fiscales enfrentan amenazas en distintos países de América Latina.
La vicepresidenta de la UIM agregó que la organización también tiene carácter consultivo ante Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y que su experiencia se ha construido a partir del seguimiento de los riesgos que enfrenta la independencia judicial en distintos países.
Afirmó que en América Latina se observa una tendencia caracterizada por un aumento del autoritarismo, una reducción de derechos y procesos de deslegitimación del Poder Judicial.
“Pero por eso estamos los jueces, para advertir cuáles son las condiciones mínimas que debe tener un Estado para que la judicatura siga siendo imparcial y pueda hacer ese contralor contra el poder y en beneficio de las personas que acceden o que necesitan acceder a la justicia”, sostuvo.
“El Poder Judicial pasó a ser un poder incómodo”
Gallo Tagle consideró que el caso mexicano representa una advertencia no solo para México, sino para la comunidad jurídica internacional, debido a que, desde su perspectiva, reproduce una metodología que puede extenderse a otros países.
Explicó que el Poder Judicial forma parte del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y tiene entre sus funciones revisar las decisiones de los otros poderes cuando existen cuestionamientos sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o proyectos.
“Todo lo que ocurrió aquí en México es que el Poder Judicial de México ha advertido inconstitucionalidades en distintos decretos del Ejecutivo, pasó a ser un poder incómodo y esta fue la consecuencia de la decisión del Poder Ejecutivo de México”, afirmó.
Gallo Tagle sostuvo que la reforma constitucional fue utilizada para remover a jueces en funciones de manera retroactiva y sin causal de destitución, además de que no se siguieron los procedimientos correspondientes.
También advirtió sobre la posibilidad de que otros países observen con simpatía este tipo de mecanismos para limitar la actuación de los poderes judiciales. “Los malos ejemplos como el de esta reforma constitucional son fácilmente replicables, son tentadores para los poderes de turno que se ven observados”, dijo posteriormente.
Para el juez argentino, la función de los tribunales no consiste en defender intereses corporativos de los propios jueces, sino en garantizar a los ciudadanos que tendrán acceso a una justicia independiente. “El Poder Judicial está justamente para controlar esas arbitrariedades”, afirmó.
La expulsión quedó firme
Orocú explicó que la expulsión quedó firme desde el momento de la votación. Sin embargo, aclaró que esto no cierra la posibilidad de que México vuelva a estar representado ante la Unión Internacional de Magistrados.
La jueza costarricense precisó que otra organización mexicana podría solicitar el ingreso para representar al país, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la UIM, entre ellos mantener una posición apolítica y una defensa permanente de la independencia judicial.
La eventual organización tendría que someterse nuevamente a un proceso de monitoreo, control y seguimiento de sus actividades. Después del análisis correspondiente, el expediente sería revisado por los distintos grupos continentales y posteriormente llevado a votación.
La UIM está integrada por grupos de Europa, Asia, África, el Grupo Iberoamericano y el denominado NAO, que reúne a varios países nórdicos, EE.UU. y Canadá.
Orocú explicó que los estatutos establecen una representación por país y que, cuando existen varias organizaciones de jueces, la selección toma en cuenta cuál es la más representativa y cuál cuenta con una trayectoria verificable en defensa de la independencia judicial.
El procedimiento contempla una primera valoración por parte del Comité de Presidencia, integrado por los presidentes de los grupos continentales. Posteriormente se designan los responsables de elaborar el informe correspondiente, que se comparte con los 94 países miembros antes de continuar con el seguimiento y la votación en una asamblea general.
“El juez tiene que resolver con idoneidad, con imparcialidad y con independencia”
Gallo Tagle subrayó que la preocupación central de la UIM no está únicamente en la expulsión de la organización mexicana, sino en las consecuencias que una transformación de esta naturaleza puede tener sobre los ciudadanos.
Afirmó que uno de los objetivos de la defensa de la independencia judicial es evitar que los jueces sean desplazados cuando sus decisiones resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
“El mensaje es poder difundir por eso a nosotros nos viene muy bien esta comunicación y poder replicar lo que nosotros estamos contando donde la ciudadanía lo que tiene que entender que la función que nosotros cumplimos en última instancia es justamente en defensa de los ciudadanos”, sostuvo.
Explicó que la independencia debe permitir que un juez resuelva los casos sin importar la posición económica, política o mediática de las personas involucradas. “El juez va a resolver con idoneidad y con imparcialidad dándole la razón al que la tiene y que no quepa ninguna duda que no se va a torcer la balanza en favor de algún poderoso”, afirmó.
Sostuvo que la modificación del sistema judicial mexicano podría tener consecuencias de largo plazo y que su eventual reconstrucción requeriría años. “Todo el desacuerdo y todo el desastre que se va a generar con una intervención de esta manera en todo el sistema del Poder Judicial de México fue muy rápido de lograr todo ese desaguisado que se ha realizado, recomponer esa situación va a demandar muchísimos años”, concluyó.
