Por Jorge García Rendón
Cuando el grupo del presidente de México, Enrique Peña Nieto pensó en una reforma hacendaria, tomó en cuenta las otras reformas ya propuestas, la educativa ya promulgada y la energética, que está en proceso de aprobación.
¿Cuáles fueron las razones? En primer lugar el descontento de un sector de profesores principalmente adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las protestas que han llevado a cabo en varios lugares de la ciudad de México, por la aprobación de la reforma educativa.
Como segundo punto, la aparición del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador y su férreo compromiso de no permitir que la reforma energética avance; además de que grupos como el Sindicato Mexicano de Electricistas y los integrantes de los 400 pueblos no ceden en sus demandas.
Por un lado, la iniciativa privada había presionado al mandatario y su gabinete para incluir en la reforma hacendaria un nuevo Impuesto al valor Agregado (IVA) de 5 por ciento a alimentos y medicinas, que precisamente era una de las demandas y combustible para que López Obrador tuviera a más gente de su lado.
Así la reforma hacendaria, si bien no le quita casi nada a la clase más desprotegida, la beneficia con dos propuestas: la pensión universal para aquellas personas que nunca cotizaron o fueron sujetos de seguridad social y un seguro de desempleo, para las personas que pierdan su trabajo.
Quienes no tomaron con agrado la reforma, fueron los grandes empresarios, inversionistas y sobre todo, los especuladores que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, éstos últimos, por primera ocasión pagarán 10 por ciento de impuesto del juego bursátil.
Asimismo, si bien desaparece el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE), también desaparece el nada querido Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), pero el Impuesto Sobre la Renta (ISR), se modifica para personas física y morales, para quienes ganan más de 500 mil pesos anuales, pagaran un ISR de 32 de por ciento y no del 30 por ciento que actualmente se cobra.
Además el gobierno federal pretende cobrar IVA del 16 por ciento a quienes renten, vendan o hipotequen su casa o negocio, así cobrar el mismo impuesto a las personas que pagan colegiatura de sus hijos en escuelas particulares, contraria a la deducción que hacían los padres de familia.
Por otra parte, Peña Nieto pretende homologar el IVA en los estados de las fronteras sur y norte, donde actualmente es del 11 por ciento y se cobraría el 16 por ciento como en todo el territorio nacional.
Por lo pronto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), le ha sonreído a la propuesta, no así el Partido Acción Nacional (PAN), quienes se han opuesto rotundamente a esta reforma y desde ahora han fijado su postura en modificarla, sobre todo, en aquellos aspectos donde la iniciativa privada ha dicho que les perjudica.
Más allá de quien gana y quien pierde con esta reforma hacendaria, todo parece indicar que el presidente Enrique Peña Nieto jugó más con los número políticos que con las cifras económicas y pensando en trasladar el malestar social, en caso de existir, al Congreso de la Unión.