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En Colima, las infracciones de tránsito han dejado de ser una herramienta para ordenar la circulación o prevenir accidentes.
Existe un patrón evidente: la mayoría de las sanciones no buscan evitar que el infractor reincida, sino cumplir un objetivo eminentemente recaudatorio.
Detrás de cada multa hay un engranaje perfectamente ensamblado: Comienza con el agente de tránsito que detecta la supuesta falta, continúa con la retención del vehículo y concluye con la validación exprés del juez cívico.
En muchos casos, la sanción original se ve incrementada con el cobro de grúa y corralón.
Esto sucede incluso por infracciones menores, como no portar una licencia vigente, aunque la ley no obligue a retirar el vehículo en esas circunstancias.
Si el ciudadano cuestiona la legalidad de la retención, la respuesta suele ser prepotente: “Arreglese con el juez cívico”. Acto seguido, aparecen más patrullas, se llama a la grúa y se refuerza la presión.
Muchos agentes se amparan en un solo artículo del reglamento de tránsito municipal para justificar el retiro de vehículos, interpretándolo de manera discrecional y más que interpretación todos repiten ahí dice, se nota el desconocimiento del reglamento solo se actúa.
El juez cívico, que nació para evitar abusos y garantizar derechos en estos casos, se ha convertido en el último eslabón recaudatorio.
Su intervención rara vez implica un análisis de legalidad: sólo confirma la multa y ofrece un descuento si se paga dentro de 15 días; eso lo podría hacer el personal de caja “eso no es justicia cívica”. Un juez cívico, analiza todo lo que aconteció en el momento de la infracción, y si ve que algo no es legal, no lo avala, pero esto es letra muerta, se corrompió el sistema cívico.
Si el ciudadano intenta hacer valer sus derechos ante el juez, le indican que si no está conforme, puede impugnar por su cuenta. Así, la justicia cívica se vacía de contenido.
El resultado es una colusión institucional: tránsito municipal, grúas, corralones y jueces cívicos actúan como una cadena de cobro disfrazada de legalidad.
Para erradicar esta práctica, el Ayuntamiento debe reconocer el problema ¿cómo puede saberlo? solo que investigue Y no hay duda que llegará a la conclusión de que en poco tiempo, este sistema no está funcionando, quizá al ayuntamiento, sí como recaudación, pero no para lo que fue creado.
¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente municipal? capacitar a sus agentes, regular estrictamente en qué casos procede retirar un vehículo y reformar la justicia cívica para que cumpla su verdadera función, darle libertad para que los jueces cívicos, resuelvan con justicia los casos que se le presentan y que no los tengan ahí, nada más como el último eslabón recaudatorio.
Las multas deben ser una herramienta de educación vial y no una fuente de ingresos. Un municipio que normaliza el abuso de autoridad se aleja de su deber esencial: servir y proteger a la ciudadanía.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.