Bitácora reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Lo contrario a la razón es la locura. Y lo que está ocurriendo con la selección de jueces, magistrados y ministros en México es, sin duda, un despropósito irracional. Con una sola decisión, la división de poderes se desmantela y la austeridad, antes enarbolada como principio fundamental, se deja de lado cuando el objetivo es acumular poder.
El proceso electoral del Poder Judicial costará más de 11 mil millones de pesos a nivel nacional y, en Colima, superará los 42 millones. La austeridad sólo se aplica cuando conviene al régimen, como ocurrió con la desaparición de organismos autónomos que garantizaban derechos y contrapesos constitucionales, como el CONEVAL, INAI y COFECE.
La reforma judicial es un sinsentido. En ninguna democracia se eligen jueces y magistrados por sorteo. Sin filtros ni evaluaciones reales, el Legislativo avaló a más de 1,400 candidatos en un trámite exprés. La prisa es evidente: se necesita un Poder Judicial sumiso, con jueces y magistrados que sirvan a los intereses del partido en el poder, como ya lo hacen las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y la autoproclamada “ministra del pueblo”, Lenia Batres.
Quienes fueron insaculados y estarán en la boleta para una elección que destruye la certeza jurídica y la independencia judicial son los mismos que propiciaron este golpe al equilibrio de poderes. Ahí estarán personajes con cercanía al régimen: Bernardo Bátiz Vázquez, María Estela Ríos González, Celia Maya García, Néstor Vargas Solano, Federico Hidalgo Huchim Gamboa, Margarita Darlene Rojas Olvera, Gabriela Limón García, Eduardo Santillán Pérez, Federico Anaya Gallardo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sergio Javier Molina Martínez. Además de ellos, las mismas ministras mencionadas buscan ratificar su control en el Poder Judicial.
El objetivo de este juego perverso es claro: destruir la autonomía judicial. La Suprema Corte ha sido el único poder que ha frenado los excesos del Ejecutivo, declarando inconstitucionales varias reformas que atentaban contra derechos y libertades, como la ley eléctrica de AMLO, que buscaba limitar la inversión en energías limpias. También fue el Poder Judicial quien detuvo megaproyectos con impacto ambiental, como el Tren Maya, y quien otorgó amparos para garantizar el abasto de medicamentos.
Ahora, este contrapeso será domesticado y supeditado a los intereses del Ejecutivo. Si la reforma a la ley del ISSSTE y el INFONAVIT afecta a un ciudadano, ¿cree que algún juez lo amparará contra actos de la autoridad? Imposible.
¿Cuántos jueces y magistrados le deberán su cargo a Adán Augusto, Monreal, AMLO, Sheinbaum o María Luisa Alcalde? ¿Quién se atreverá a fallar en contra del gobierno sabiendo que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podrá perseguirlo? Esta instancia operará como una nueva Santa Inquisición, castigando cualquier decisión que no favorezca al régimen.
Es la locura institucionalizada. En cualquier democracia, la división de poderes garantiza justicia y derechos. En México, el gobierno impone un Poder Judicial subordinado, diseñado para proteger al régimen y no a la ciudadanía.
Dos puntos
No hace falta ser vidente para anticipar quién será la nueva presidenta de la Suprema Corte tras esta reforma. Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa o Loretta Ortiz encabezan la lista de favoritas. Una de ellas será la ministra que subordinará al tribunal constitucional al Ejecutivo, consolidando un régimen sin contrapesos. Ni siquiera en el presidencialismo imperial del PRI se atrevieron a tanto.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.