AMANCER POLÍTICO
Por: Felipe Díaz Cortez
A nadie sorprende el hecho de que la exalcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, las regidoras Martha Zepeda del Toro y Sara Valdovinos, así como otros exfuncionarios municipales de la administración municipal griseldista hayan sido vinculados a proceso, esto por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como de violaciones a la ley que regula las remuneraciones de los servidores públicos del estado y los municipios.
La vinculación a proceso la determina un juez porque considera que sí existen suficientes elementos para continuar con la investigación formal de varios delitos, como es el caso, en contra de una persona o varias personas. No es una sentencia condenatoria, sino un paso previo que indica que hay indicios razonables para seguir con las pesquisas y que, en este caso, la juez de control concedió un plazo de tres meses para continuar con la investigación y ordenó que los indiciados lleven el proceso en libertad. Eso sí, ordenó que las regidoras del Ayuntamiento de Manzanillo Martha Zepeda “N” y Sara Valdovinos “N” sean separadas temporalmente de su cargo para evitar que se puedan entorpecer las indagatorias.
Griselda Martínez y compañía fueron advertidos de que cometían una ilegalidad al aprobar el mal llamado “bono de supervivencia” y que, de acuerdo a las denuncias presentadas en su contra, significó la erogación de más de 30 millones de pesos para beneficiar a los representantes populares, funcionarios de primer nivel, empleados de confianza y por honorarios del Ayuntamiento de Manzanillo que dejaron de laborar el pasado 16 de octubre. Y que representó un duro golpe a las finanzas municipales.
Este hecho, aunque se justificó como un derecho de los burócratas manzanillenses de confianza a una indemnización, lo cierto es que quienes aprobaron dicho bono, se pasaron por el “arco del triunfo” la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima así como la Ley que Fija las bases para las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y Municipios que expresamente prohíben los pagos de bonos o gratificaciones extraordinarias a los servidores públicos con motivo de la conclusión de su mandato o gestión, en otras palabras se podría decir que se sirvieron con la cuchara grande, convencidos de que nada les podría pasar.
Aunque algunos de los acusados devolvieron los recursos económicos que les fueron otorgados, como el caso de la regidora Sara Valdovinos, quien reintegró al erario municipal $261,397.08 pesos, no le quita la responsabilidad de que al haber aprobado en el cabildo dicha propuesta, violó la ley. Quizás ella no sea acusada por delito de peculado; pero a quienes se “agandallaron” dichos recursos, sí se les puede fincar la comisión de ese ilícito; siendo el caso más vergonzoso el de Martha Zepeda, a quien por cierto ese “bono de supervivencia” no le hizo falta, pues continúa por tres años más cobrando un monto superior a los 85 mil pesos mensuales como regidora en el cabildo porteño. ¡No te acabes Manzanillo!
A diferencia de lo que publican los porristas y defensores de Griselda y Martha, no hay ni perseguidas, ni perseguidos, ni venganzas políticas, como quieren hacer creer las hoy acusadas y los personeros de Ignacio Peralta enquistados en Movimiento Ciudadano, simple y sencillamente la autoridad judicial está trabajando sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción por parte del Ayuntamiento de Manzanillo. En tres meses se decidirá si los ahora denunciados son culpables o no de los delitos que se les imputan. El proceso penal aún es largo, pero este hecho puede servir de ejemplo de que ninguna autoridad municipal se manda sola, o que “el ayuntamiento soy yo” como pensaba Griselda Martínez, su actuación está sujeta a ley y su incumplimiento u omisión deriva en la posible comisión de un delito y la aplicación de las sanciones correspondientes.
Nada fuer del marco de la Ley y nada en contra de los habitantes del municipio de Manzanillo.
Gricelda y Martha deben entender que fueron sus actos al margen de la Ley lo que hoy las tienen en el banquillo de los acusados. Y si pensaron cubrirse con el manto de la impunidad, se equivocaron y deben pagar sus culpas.
AL MARGEN.
No creo que haya mejor supervisor que el pueblo para vigilar que nadie se salga del huacal en las tareas por transformar al país en un Estado con justicia y equidad, pero, sobre todo que los más desprotegidos no queden al margen de las políticas oficiales.
Lo que hacen los adversarios son patadas de ahogado que a nadie deben preocupar, porque sus actos están plagados de mentiras, engaños e injurias que es para lo que les ajusta su capacidad, no dan más.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.