Por: Ángel Durán
La noticia sobre la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz se ha vuelto viral en México. Independientemente de cuál hubiera sido el resultado que eventualmente arrojara la investigación sobre la denuncia presentada en su contra, hay un hecho que ningún Estado democrático puede ignorar: un ser humano decidió quitarse la vida convencido de que era la única forma de obligar al sistema de justicia a mirar su caso.
No corresponde a la sociedad, ni a los medios de comunicación, ni mucho menos a quienes escribimos estas líneas, determinar quién tenía la razón.
Para eso existen las instituciones.
Lo verdaderamente trascendente es preguntarnos si nuestro sistema de justicia está respondiendo con la velocidad y eficacia que exige una sociedad donde una acusación puede recorrer el país entero en cuestión de minutos.
En los delitos de naturaleza sexual existe una obligación jurídica incuestionable.
Desde el momento en que una autoridad conoce una denuncia, debe actuar de inmediato para proteger a la presunta víctima.
Así lo exige nuestra Constitución, los tratados internacionales y los criterios desarrollados por los tribunales nacionales e internacionales.
Separar provisionalmente al probable agresor, emitir medidas de protección y evitar cualquier riesgo de revictimización no constituye una condena anticipada; representa el cumplimiento del deber de prevenir daños mayores.
Hasta ahí, el Estado actúa correctamente.
El problema comienza cuando esa rapidez desaparece al momento de investigar.
La protección cautelar debe ir acompañada de una investigación inmediata, técnica, científica y objetiva.
No basta con dictar medidas de protección; el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos con la mayor prontitud posible.
Esa diligencia protege a la presunta víctima, pero también protege a la persona denunciada, porque únicamente una investigación eficaz puede conducir a la verdad.
Ese es el equilibrio que exige un auténtico Estado de Derecho.
En México, sin embargo, la velocidad de las redes sociales ha rebasado por mucho la capacidad de respuesta de las instituciones.
Hoy una denuncia puede hacerse viral en cuestión de minutos. En ese mismo tiempo pueden destruirse una reputación, una trayectoria profesional e incluso una vida entera.
Mientras tanto, las investigaciones suelen prolongarse durante meses o años.
La consecuencia es devastadora para todos.
Si la denuncia resulta fundada, la víctima permanece demasiado tiempo esperando justicia.
Si la denuncia resulta infundada, el daño a la persona acusada muchas veces ya será irreparable.
En ambos escenarios fracasa el Estado.
Por eso el verdadero debate no debe consistir en elegir entre proteger a la víctima o respetar la presunción de inocencia.
Ese es un falso dilema. Un sistema democrático tiene la obligación de hacer ambas cosas simultáneamente. Proteger de inmediato a quien denuncia y, al mismo tiempo, investigar con la urgencia que demanda una sociedad hiperconectada.
A esta reflexión se sumó un episodio igualmente preocupante. Las expresiones emitidas en redes sociales por una magistrada, quien posteriormente ofreció una disculpa pública, recordaron que la prudencia judicial no es una virtud opcional, sino una exigencia institucional.
La ciudadanía necesita jueces que hablen principalmente a través de sus resoluciones y no mediante opiniones que puedan generar la percepción de un juicio anticipado.
La confianza en la justicia también se construye desde la apariencia de imparcialidad.
Quizá esa sea la enseñanza más importante que deja esta dolorosa historia.
No se trata de señalar culpables fuera de los tribunales, ni de desacreditar a quien denunció, ni de reivindicar sin pruebas a quien fue acusado. Se trata de comprender que la lentitud de la justicia ya no es únicamente un problema administrativo; se ha convertido en un riesgo para los derechos humanos de todas las personas involucradas.
Cuando el Estado tarda demasiado en investigar, nadie gana. Pierde la víctima, porque la verdad se posterga. Pierde la persona denunciada, porque vive bajo una sospecha prolongada. Pierde la credibilidad de las instituciones. Y pierde la sociedad, que comienza a sustituir los expedientes por las redes sociales y las sentencias por las tendencias.
Las palabras finales del profesor, al afirmar que sacrificaba su vida para llamar la atención del sistema de justicia, no deben interpretarse como una conclusión sobre su inocencia o su culpabilidad.
Deben entenderse como una advertencia sobre un fenómeno que el Estado mexicano ya no puede seguir ignorando. La justicia del siglo XXI no puede responder con los tiempos del siglo pasado.
Porque cuando la verdad llega demasiado tarde, aun cuando finalmente llegue, la justicia habrá perdido buena parte de su razón de ser.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.