VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala el modelo de evaluación, acreditación y promoción impulsado por la Secretaría de Educación Pública constituye un nuevo golpe a las aspiraciones de construir un sistema educativo verdaderamente orientado a la excelencia, al desarrollo integral de las personas y al progreso de México. Bajo el argumento de proteger la permanencia escolar y evitar esquemas supuestamente “punitivos”, la Corte ha decidido respaldar una visión educativa que, en los hechos, consolida la mediocridad como política pública.
Nadie sensato sostiene que la excelencia educativa consista simplemente en reprobar alumnos o en convertir las escuelas en centros de castigo. Ese es un falso dilema que tanto la SEP como la Suprema Corte han utilizado para justificar un modelo cada vez más permisivo y menos exigente. El tema pasó desapercibido pero deja ver que a la 4T no le interesa formar ciudadanos capaces de competir, innovar y contribuir al desarrollo nacional o continuar simulando aprendizajes mientras se entregan certificados vacíos de contenido académico.
La resolución del Amparo en Revisión 419/2025 resuelto según comunicado 071/2026, refleja con claridad la visión ideológica que ha dominado las políticas públicas educativas durante este régimen. Una visión que privilegia la permanencia estadística sobre el aprendizaje real, que confunde inclusión con ausencia de exigencia y que considera cualquier mecanismo de evaluación rigurosa como una forma de exclusión. El resultado es un sistema que presume avances administrativos mientras millones de estudiantes enfrentan graves deficiencias en lectura, comprensión, matemáticas y pensamiento lógico.
La educación no es únicamente un derecho de acceso. Es, sobre todo, el derecho a aprender. Y aprender implica esfuerzo, disciplina, responsabilidad y evaluación objetiva. Cuando el sistema transmite el mensaje de que prácticamente todos avanzarán independientemente de sus resultados académicos, se erosiona uno de los principios fundamentales del proceso educativo: la cultura del mérito y la superación personal.
Resulta preocupante que la Suprema Corte, llamada a interpretar la Constitución con una visión de largo plazo, haya optado por ignorar las consecuencias reales que estas políticas tendrán sobre las nuevas generaciones. El artículo 3 constitucional habla de excelencia educativa. Sin embargo, la Corte ha preferido una interpretación tan amplia como medicre, aprovechando que pocos se informan de este tema.
La excelencia no puede convertirse en una palabra decorativa que sirva para justificar cualquier modelo educativo. Un país que aspira al desarrollo necesita estudiantes que dominen conocimientos, desarrollen competencias y alcancen estándares cada vez más altos de desempeño. Ninguna nación ha logrado prosperidad económica, innovación tecnológica o fortalecimiento institucional reduciendo sistemáticamente los niveles de exigencia en sus escuelas.
Mientras los países que lideran los indicadores educativos fortalecen la formación docente, mejoran los sistemas de evaluación y elevan los estándares académicos, México parece avanzar en sentido contrario.
Más grave aún es que esta resolución ocurre en un contexto donde el sistema educativo enfrenta desafíos enormes derivados de la pandemia, del rezago acumulado durante años y de la creciente influencia de grupos sindicales radicalizados que han hecho de la educación un instrumento de presión política.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) representa quizás el ejemplo más evidente de esta distorsión. Bajo la bandera de supuestas luchas gremiales, sus movilizaciones, paros y bloqueos han provocado durante años la pérdida de millones de horas de clase para cientos de miles de niños en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Los principales perjudicados no son los gobiernos ni los funcionarios; son los alumnos más vulnerables, aquellos que dependen exclusivamente de la escuela pública para construir un futuro mejor.
Paradójicamente, mientras se habla del interés superior de niñas, niños y adolescentes, se tolera que grupos intransigentes secuestren el derecho a la educación de generaciones enteras sin enfrentar consecuencias significativas. El mismo Estado que muestra enorme flexibilidad para reducir exigencias académicas muestra una sorprendente incapacidad para garantizar que los estudiantes reciban clases de manera regular y continua.
La combinación es devastadora: menos exigencia en las aulas y menos días efectivos de enseñanza. El resultado inevitable es una reducción sostenida de la calidad educativa, precisamente en las regiones que más necesitan educación para romper ciclos históricos de pobreza y marginación.
México requiere una educación que forme ciudadanos libres, críticos, productivos y competitivos. Una educación capaz de impulsar la movilidad social, fortalecer la democracia y generar crecimiento económico. Para ello se necesitan maestros comprometidos, evaluaciones serias, contenidos sólidos y políticas públicas orientadas a resultados verificables.
La resolución de la Suprema Corte y las políticas educativas que la sustentan parecen avanzar en dirección opuesta. Bajo el discurso de la inclusión y la protección de trayectorias escolares, se corre el riesgo de institucionalizar una cultura donde el aprendizaje efectivo deja de ser la prioridad.
México no necesita certificados para presumir cobertura educativa, necesita ciudadanos preparados para enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más competitivo. Lamentablemente, tanto el gobierno como la Suprema Corte parecen haber olvidado esta verdad elemental.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.