Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Como ya es costumbre, la manifestación del 8M en Colima terminó con actos de destrucción en el Palacio de Gobierno. Así ha ocurrido, al menos, desde 2022. De hecho, la repetición anual de estos hechos parece haber generado una especie de resignación institucional: el gobierno ya ni siquiera se esfuerza demasiado en reparar los daños, bajo el entendido de que el próximo año volverán a ocurrir.
Pero más allá de la anécdota, el tema obliga a una reflexión de fondo. El 8M no es únicamente una jornada de protesta; es la expresión de un problema estructural que sigue lastimando al país: la violencia contra las mujeres, el acoso y, en su forma más extrema, el feminicidio.
Por eso, desde este espacio hemos planteado una posibilidad distinta: que el Palacio de Gobierno deje de ser únicamente el blanco de acciones catárticas y se convierta también en un foro de diálogo. Un espacio donde las manifestantes, los colectivos feministas y las autoridades puedan confrontar ideas, plantear exigencias y construir acuerdos.
El gobierno tendría que ser el primero en dar el paso. No basta con colocar vallas metálicas ni con blindar edificios públicos. La política exige algo más: apertura, capacidad de escucha y disposición a procesar el conflicto. ¿Qué pasaría si, en lugar de barricadas, se abriera el espacio del propio Palacio para que las manifestantes tomaran la palabra, realizaran sus performances y expusieran sus demandas frente a las autoridades? ¿Qué sucedería si la gobernadora y el fiscal acudieran a escuchar directamente los reclamos?
Un gesto así cambiaría el simbolismo del 8M. El Palacio de Gobierno dejaría de ser visto sólo como un muro contra el cual descargar la frustración y podría convertirse en un espacio de interlocución. Se gana más con oficio político que con cerrazón o indiferencia, que muchas veces alimentan el enojo de los colectivos.
Desde luego, abrir el diálogo no garantiza que desaparezcan los actos de vandalismo. Siempre puede haber grupos minoritarios que opten por la confrontación. Pero en ese escenario sería la propia sociedad la que juzgue con mayor claridad quién apuesta por construir soluciones y quién por destruir patrimonio público.
La disyuntiva es clara: seguir administrando cada año el mismo conflicto o intentar transformar el 8M en un momento de escucha institucional y acuerdos concretos frente a la violencia feminicida. La diferencia entre ambos caminos se llama voluntad política.
Dos puntos.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, busca reelegirse. Sin embargo, durante su gestión las denuncias penales por desvío de recursos se han desplomado. El año pasado apenas se presentaron tres querellas, de las 274 acumuladas en los ocho años de su administración. La pregunta es inevitable: ¿la corrupción desapareció o el auditor prefiere no incomodar al poder? Porque de poco sirve un auditor que busca quedar bien con aquellos a quienes debe auditar. Si pese a esto es reelegido, será otra de las pruebas que se acumulan y constatan la pérdida de contrapesos constitucionales.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.