Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
No es ninguna novedad que la Drug Enforcement Administration (DEA) opere en México. Desde los años ochenta existen registros de su presencia, expuestos dramáticamente con el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena, un caso que evidenció hasta qué punto el narcotráfico había penetrado estructuras del poder en ambos lados de la frontera.
Lo que sí llama la atención es que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación haya regresado a esquemas de cooperación que durante años criticó. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la narrativa oficial insistía en que no había injerencia de agencias estadounidenses en territorio nacional. Sin embargo, los hechos recientes muestran lo contrario.
Hay que reconocer que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parece haber optado por un enfoque más pragmático. En operativos recientes contra el crimen organizado —incluido el que tuvo como objetivo a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”— y en el decomiso de más de 270 kilogramos de fentanilo en Villa de Álvarez, se ha reconocido la participación de agencias estadounidenses en labores de inteligencia y coordinación.
Ahí están los resultados. No se trata de malinchismo ni de renunciar a la soberanía nacional, como suelen plantearlo los discursos ideológicos. Se trata de eficacia. El crimen organizado opera en redes transnacionales y combatirlo exige cooperación internacional. Pretender enfrentar un fenómeno global con estrategias aisladas ha demostrado ser una fórmula insuficiente.
Incluso la gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció recientemente la relevancia de estas acciones al destacar el decomiso de fentanilo en el puerto de Manzanillo, operación que evitó que más de ocho millones de dosis llegaran al mercado ilegal. Son cifras que dimensionan el impacto de estas intervenciones.
También es una señal de rectificación. Durante el sexenio de López Obrador se negaba sistemáticamente que en México se produjera o traficara fentanilo. La realidad terminó por desmontar esa narrativa. Y es que para resolver un problema, primero hay que reconocer que existe.
Dos puntos
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación no llegó al cargo por mérito o trayectoria, sino por el esquema político que impulsó Morena tras la reforma judicial. Sus ministros fueron electos en un proceso cuestionado y marcado por el uso de “acordeones”. Ese modelo es el que ahora la presidenta busca replicar con su eventual plan B electoral. Cuando lleguen las acciones de inconstitucionalidad contra esas reformas a las leyes secundarias, veremos si la Corte defiende la Constitución o si actúa como escudo del poder ejecutivo. Porque un tribunal que no incomoda al poder deja de ser contrapeso para convertirse en instrumento. Y lo que nos ha mostrado la experiencia es que las ministras y ministros del pueblo han beneficiado en la mayoría de sus resoluciones al poder, incluso en detrimento de los derechos ciudadanos.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.